El estallido social dejó en evidencia la grave fractura que afectaba al país; el amplio espectro de demandas y su alta legitimidad no solo condujeron, contra todo pronóstico, al Acuerdo del 15 de noviembre, sino que, además –como quedó en evidencia en el plebiscito de entrada– generó un categórico rechazo a la Constitución vigente y una demanda mayoritaria por una nueva Carta Magna democráticamente generada. El amplio desprestigio del sistema de partidos, conjuntamente con el sistema electoral definido, condujo a que en la elección de constituyentes la derecha obtuviera un resultado muy por debajo del 1/3 buscado y dejó a la Democracia Cristiana y al PPD casi sin representación. Se había producido un claro giro a la izquierda y una apuesta en favor de los independientes. Parecía que el “pueblo”, que se había manifestado, se constituía políticamente como tal en la Convención. Rápidamente quedó en evidencia que ello era un espejismo. Las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar solo seis meses después mostraron una correlación de fuerzas muy diferente. 

El TPP-11, es calle de un solo tránsito: los conglomerados chilenos (o extranjeros) pueden demandar al Estado por lo que se les dé la gana, pero el Estado, dentro del tratado, no puede demandarlos, dejen la embarrada que dejen.  Asimismo, sólo los grandes conglomerados nacionales, adquieren todo tipo de garantías, por absurdas que sean, pero éstas no se extienden a las pequeñas y medianas empresas.  Si bien todo el mundo se llena la boca hablando a favor de dichas empresas, parece que a nadie le parece importar esa discriminación paradójica: otra distorsión de mercado à la TPP-11.   

El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, y la doctora en Economía Andrea Bentancor, con la conducción del economista Jorge Martínez Lubiano, analizan la compra de viviendas y el estado del mercado inmobiliario en nuestro país, con una economía deteriorada por la salida de capitales, la incertidumbre política y el paquete de estímulos en tiempos de COVID. 

Apruebo Dignidad festeja un inesperado triunfo. Es que el Presidente Gabriel Boric finalmente decidió postergar la ratificación del TPP11 para una vez que concluyan las negociaciones sobre los mecanismos de resolución de controversias, que encabeza el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. El Mandatario respondió a la convocatoria de una de sus dos coaliciones de gobierno, generando molestia en el sector derrotado: un Socialismo Democrático que pedirá explicaciones, lo que podría tensar aún más las relaciones internas en el oficialismo. En la antesala de su discusión en el Senado, el trámite de este tratado internacional despierta suspicacias y alerta sobre eventuales conflictos en La Moneda. 

El director ejecutivo de Fintech Chile, quien fue el invitado de La Mesa de esta semana, se sumó a las críticas en contra de Transbank. Dijo que lo que está haciendo perjudica a los medios de pago más chicos, se les triplican los costos a las operaciones de menos de 3 mil pesos y se reduce la competencia. Esta semana, la Fiscalía Nacional Económica rechazó las tarifas que está aplicando la red de pagos que controlan los bancos. En la entrevista, Sierra también advierte sobre la necesidad de apurar la Ley Fintech, ya que Chile corre el riesgo de perder el liderazgo regional en inclusión financiera y medios de pago digitales. «Es un buen proyecto que fortalece a todo el sistema financiero», señaló. 

Mujer fuerte, abogada de derechos humanos de prestigio internacional, especializada en derechos indígenas, territoriales y de aguas, ha sido litigante en causas emblemáticas como Pascua Lama y es, además, reconocida por su calidez humana. Su llegada al TC, designada por el Presidente Boric, no solo modificó los equilibrios al interior del organismo, sino que también presagia –a tres meses de asumir su presidencia– un giro en su conducción. Una fuerza transformadora que está empeñada en hacer de la institución un tribunal modelo, de referencia y cercano a la gente. Asimismo, quisiera que se diese la paridad e interculturalidad en su integración. «Es fundamental que la justicia constitucional dialogue con la ciudadanía y las instituciones de las que se nutre”, señala Nancy Yáñez. 

En uno de esos -revelado por El Mostrador- el Vicealmirante Ramiro Navajas calificó como «presuntos» los delitos de nueve exmarinos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y que actualmente se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco y que ellos «cumplieron cabalmente con su deber». Al respecto, la ministra de Defensa, Maya Fernández -quien participó esta jornada en una sesión secreta de la Comisión de Defensa del Senado- indicó que «se va a llevar a cabo un sumario interno a propósito del contenido de los correos y vamos a esperar tener el resultado de todas esas investigaciones administrativas para tomar todas las medidas necesarias».  

La vocera Camila Vallejo informó este martes que si el TPP11 -el tratado comercial que ha generado diversas reacciones- es aprobado por el Senado, el Gobierno no lo publicará hasta que sean tramitadas las cartas bilaterales que se conversan con los otros países firmantes, de manera de «resguardar los intereses nacionales». Dicho anuncio fue valorado por la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, para quien la decisión «está dentro de las normas del juego» y a su juicio «no es una estrategia dilatoria». Por su parte, el diputado de Acción Humanista (AH) Tomás Hirsch, señaló que espera que todo el gabinete coincida. Además comentó que si bien no está de acuerdo con el tratado —en línea con los planteamientos de Apruebo Dignidad— le parece «muy bien que el Presidente utilice su facultad y se espere por lo menos hasta contar con las cartas». En tanto, el senador de la Democracia Cristiana (DC) Matías Walker, apuntando a la fractura del oficialismo, planteó que «si el Gobierno necesita más tiempo para ordenar a sus parlamentarios, que el Presidente los convoque pueda ponerlos de acuerdo». Sobre este punto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que hay «diversidad de opiniones» en las coaliciones de gobierno sobre el acuerdo comercial, pero que «las coincidencias son mucho más importantes». Recordemos que los comités parlamentarios de la Cámara Alta acordaron poner en tabla el TPP11 para este miércoles 28 de septiembre. 

Tras la filtración de correos electrónicos del EMCO, el Mostrador dio a conocer que el vicealmirante de la Armada, Ramiro Navajas, calificó las violaciones a los DD.HH. cometidas por exmiembros de la institución durante la Dictadura Militar (1973 – 1990) como «presuntos hechos que lo relacionan a delitos que habría afectado a los derechos humanos de civiles dentro del periodo del Gobierno Militar». Además, apuntó que estas acciones «refuerzan con mayores bríos nuestro compromiso irrestricto con aquellos que cumplieron cabalmente con su deber». Ante esto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizó tajantemente que «nunca, jamás, violar los derechos humanos va a ser un deber. Y eso no es solamente una convicción de nuestro Gobierno, sino que es un principio universal que tiene que ser respetado en las palabras y acciones». «En la opinión del Gobierno es fundamental ser sumamente tajantes y claros en una cuestión que es universal; jamás, nunca, violar los DD.HH puede ser considerado como un deber de nadie y menos de un funcionario que está a cargo de las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad», sentenció.