El Gobierno presentó su reforma de pensiones con varios aspectos ya rechazados a priori por la oposición, más allá de algunos cambios nominales: aumento de 6% de la cotización a cuenta del empleador para destinarlo a solidaridad, además de la separación de las tareas de administración y de gestión para abaratar los costos. Hay un elemento, eso sí, en que existiría mayor sintonía: la “libre elección”, o una “libertad de elegir”, que se presenta bastante acotada en la propuesta gubernamental, pues incorporaría como alternativa nada más que a un gestor público. Si bien este principio es compartido por la oposición, a la hora de definir el mejor camino, se enredan. Tras la presentación de la reforma del Presidente Boric, se observa que no hay consenso entre los partidos que integran el bloque respecto de qué significa la verdadera “libertad de elegir” y cuáles son los límites para ejercer dicha libertad. Hasta aquí, solo Evópoli se abre explícitamente a que una reforma ofrezca herramientas distintas a la capitalización individual. 

En cadena nacional, el Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó la esperada reforma previsional que busca impulsar su Gobierno y que fue una de las principales promesas de su campaña hacia La Moneda. Enfático, el Mandatario aseguró que «las AFP, en esta reforma, se terminan». «Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir en fondos previsionales y, además, existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores», manifestó. En concreto, el jefe de Estado informó que este proyecto «separa el servicio de atención para los afiliados, la recaudación, cartolas, las cobranzas y el pago, las que estarán a cargo de un Administrador de Pensiones Autónomo (APA), un ente de carácter público, moderno y eficiente» [ACTUALIZADA]. 

A través de un comunicado, el PC anunció que renuncia «por ahora» a presidir la Cámara de Diputados, la que le correspondía tras el acuerdo administrativo alcanzado el 11 de marzo por prácticamente todas las bancadas, salvo la de derecha; el mismo que comenzó a tambalear semanas después debido a las dudas que genera el nombre de la diputada Karol Cariola en el Partido de la Gente (PDG), la bancada DC y algunos diputados independientes. De acuerdo a la colectividad, se ha impuesto “un veto” que “no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país”. «Lamentamos que este sea el estado de las cosas, pero es la realidad: quienes comprometieron su palabra frente a Chile confirman que no cumplirán», añade el PC. 

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, respondió -a través de un informe- el recurso de amparo presentado por la defensa del general (r) Juan Emilio Cheyre, quien acusaba que el procesamiento de la jueza era «ilegal y arbitrario» y que «se funda en graves errores de hecho y de derecho». Ante esto, Rutherford respondió que «existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y -como en el caso- disponer la prisión preventiva se encuentra indubitada». Dentro de los alegatos de Cheyre, estaba el argumento de que los delitos imputados se dieron cuando había dejado de ser comandante en jefe del Ejército, por lo que ya no era militar activo. De todas formas, Rutherford, nuevamente, desechó su tesis. «La defensa pareciera haber malentendido que los hechos justificados -hasta ahora- dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro», complementó.  

«Queremos hacer un esfuerzo porque estamos orgullosos de los Gobierno de centroizquierda, para que Chile vuelva a crecer, para que Chile vuelva a ser un país seguro», dijo el senador Matías Walker en la presentación de la nueva colectividad, que aúna a exmilitantes DC, PPD y PR. Por su parte, la senadora Ximena Rincón apuntó que «el rol de Demócratas es el sentido común, la moderación, los acuerdos». La directiva provisoria está compuesta por Ximena Rincón, como presidenta; Carlos Maldonado, secretario nacional; Matías Walker, primer vicepresidente. 

Totalmente enredado y sin posibilidad de desenredarse. Así cree la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba que está el proceso constituyente. «Creemos, como FRVS, que este momento constituyente ya no existe, que se perdió la energía o la necesidad que había de responder con una nueva Constitución como en el 2019, entonces en el partido nos preguntamos si tal vez es el momento de detener un poquito el proceso, retomar la agenda transformadora», dijo. A su juicio, esto tiene una explicación: las diferencias insalvables entre oficialismo, oposición y sectores aún más moderados. «Los sectores conservadores están teniendo el síndrome de la Lista del Pueblo». Desde el Gobierno, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte dijo «no puedo coincidir con ella, porque las fuerzas políticas están haciendo un esfuerzo por generar las condiciones para llevar adelante el proceso constituyente». 

La Cancillería de Rusia arremete, a su vez, contra Estados Unidos mediante la alusión a la injerencia militar, política y económica que ha tenido en la región. En este sentido, divulga contenido sobre las acciones militares fronterizas del gigante americano en 1846 en México, el golpe de Estado orquestado por la CIA en 1954 con el objetivo de derrocar al presidente Jacobo Árbenz en Guatemala, y la “ocupación militar de Haití” desde 1915 hasta 1934. Respecto a la injerencia económica, en repetidas ocasiones se han producido trinos cuestionando tanto el embargo económico a Cuba como las sanciones económicas impuestas a Venezuela. 

Más allá de lo anecdótico o si las formas fueron adecuadas, lo sucedido en la Conapyme deja entrever un profundo llamado a extremar el esfuerzo del Estado por resguardar el orden público y cumplir con el mandato constitucional de dar seguridad a la población. Para ello, es necesario que el Gobierno tome medidas de corto y de largo plazo. Por un lado, fortalecer la persecución penal, en particular del crimen organizado, mejorando las herramientas investigativas, tanto en las policías como en el Ministerio Público, así también apoyar la gestión local de la seguridad con herramientas de prevención situacional e inteligencia territorial.