La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, respondió -a través de un informe- el recurso de amparo presentado por la defensa del general (r) Juan Emilio Cheyre, quien acusaba que el procesamiento de la jueza era «ilegal y arbitrario» y que «se funda en graves errores de hecho y de derecho». Ante esto, Rutherford respondió que «existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y -como en el caso- disponer la prisión preventiva se encuentra indubitada». Dentro de los alegatos de Cheyre, estaba el argumento de que los delitos imputados se dieron cuando había dejado de ser comandante en jefe del Ejército, por lo que ya no era militar activo. De todas formas, Rutherford, nuevamente, desechó su tesis. «La defensa pareciera haber malentendido que los hechos justificados -hasta ahora- dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro», complementó.
