Hace unas semanas se celebró la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en México. La CPAC es un foro internacional que reúne a líderes y asociaciones de ultraderecha de todo el mundo. Se fundó en los 70 para combatir la posible expansión del comunismo en el mundo y, actualmente, sigue operando bajo esa lógica, pese a que la Guerra Fría terminó hace rato. En esa reunión participaron Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro; Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo; Steve Bannon, asesor de Donald Trump y difusor de todo tipo de teorías conspirativas; Ted Cruz, senador del Partido Republicano estadounidense; Santiago Abascal, líder del partido Vox y heredero del franquismo en España; José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano chileno, etc. El fundador de la asociación Viva México, Eduardo Verástegui, quien fue el anfitrión del evento, declaró: “Nosotros somos la verdadera derecha. Y aunque hay quienes dicen que también lo son, en realidad son lobos disfrazados de ovejas». 

Si la empresa ya calcula su huella total de carbono, otro paso debe darse: ella la desglosará por cada uno de los bienes y servicios vendidos y pondrá el resultado en sus facturas. De este modo, sus clientes solo tienen que leer los datos de sus facturas para establecer su propia huella de carbono. Una vez generalizada la práctica, la empresa inicial recibe a cambio el mismo tipo de datos de sus propios proveedores. Podemos ver aquí un sistema de inteligencia distribuida, cercano en su eficacia al mecanismo que permite calcular el IVA, y a un coste muy bajo. Llamemos a esto contabilidad generalizada del carbono, que consiste en indicar el contenido de carbono (en peso) de cada producto en las facturas. 

La abogada Dina Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asume «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno. «Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana, que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros», sostuvo antes de afirmar que «se ha producido un intento de golpe de Estado promovido» por Castillo. 

El Poder Legislativo de Perú destituyó a Castillo con 101 de 130 votos a favor, después de que este anunciara la disolución del Legislativo y declarara un Gobierno de excepción de emergencia. Acto seguido, y tras ser destituido, el ahora expresidente Castillo hizo abandono de la casa de gobierno de Perú, pero a la salida su vehículo fue detenido por efectivos policiales. Casi en paralelo, la fiscalía de Perú anunció medidas en su contra. [ACTUALIZADA] 

Horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado, el Presidente de Perú, Pedro Castillo disolvió el Congreso y además decretó toque de queda a partir de las 22:00 horas. La medida de Castillo recuerda a lo que hizo el expresidente Alberto Fujimori en 1992 con el conocido «Fujimorazo». El Mandatario también dijo que convocarán elecciones, en el breve plazo, para un «nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. [ACTUALIZADA] 

En conversación con El Mostrador en La Clave, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a las conversaciones que han llevado a cabo los partidos políticos para encauzar el segundo tiempo del proceso constituyente. En la antesala de la reunión de este miércoles, pactada para las 14:00 horas, la lideresa del PS apuntó que llega a la instancia «con una sensación de frustración», ya que a su parecer «la buena fe y el buen ánimo que ha primado durante estos tres meses se está terminando, en posiciones que son bastantes opuestas, porque aquí es órgano mixto o 100% electo». «Para mí esa es la definición, y es lo que nosotros tenemos que decidir hoy día como oficialismo más la Democracia Cristiana (DC); si estamos disponibles a eso o no, porque evidentemente tiene que ver con la legitimidad que este proceso tenga en el futuro», complementó. 

En el oficialismo están a favor de que este órgano sea electo 100% por la ciudadanía. En cambio, en la oposición, quieren que la composición se reparta en un 50% electo y en otro 50% designado, como un comité de expertos. Sin embargo, ante la demora para destrabar este nudo, lo que podría dilatar el proceso constituyente, el Presidente Boric dijo estar dispuesto a ceder terreno para que la composición sea como la quiere la oposición, a pesar de que es un «acuerdo imperfecto», ya que «no podemos seguir dilatando más la discusión constitucional”. 

Este miércoles se reúnen de nuevo a las 14 horas los negociadores para buscar nuevas fórmulas y lograr un acuerdo que les permita hacer funcionar un nuevo órgano constituyente. Por segundo día consecutivo se encontraron este martes en la sede del Congreso en Santiago, y el punto que mantuvo suspendida la capacidad de firmar un acuerdo es la cantidad de representantes electos y de expertos designados por el Congreso que conformará el órgano redactor. Desde la alianza de Gobierno intentan mantener la mayor cantidad de personas elegidas, y fue el diputado Diego Ibáñez (CS) quien tomó el rol de empujar todo lo posible esta idea, dado que fue el propio Presidente Gabriel Boric quien la propuso el viernes pasado. Otro de los puntos en que no hay acuerdo sería la paridad del órgano. La oposición se resiste a la idea. 

Sorprende mucho que se haga eco de declaraciones falsas, como que el 83% de los países de la OCDE tiene solidaridad contributiva, siendo que esta reforma haría que Chile sí pase a ser una anomalía, al tener solidaridad vía impuestos generales y contribuciones. Otra cosa que extraña, es la de llamar a las comisiones de intermediación comisiones fantasma, término acuñado por los impulsores de los cambios masivos de fondos de pensiones que perjudicaron a millones de trabajadores.