El itinerario constituyente tiene un punto de inflexión, y es que en septiembre se entrelaza con la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar chileno. Tras medio siglo, la dictadura de Pinochet ha heredado, precisamente, la Constitución que se intenta reemplazar, además de crudas heridas frente las cuales el Estado de Chile tiene la responsabilidad de hacer justicia y generar nuevas estrategias de reparación, construyendo nuevas narrativas de memoria histórica que resignifiquen los hechos del pasado, con el actual momento político del país. 

Postula a Mejor Actriz Protagónica en la categoría teleseries, por su papel como hermana Margarita Fuentes en “La ley de Baltazar”; Mejor Actriz de Soporte en la categoría series, por su papel como Javiera Rojas en “No nos quieren ver»; y, por último, como Mejor Actriz de Soporte en la categoría cine, por su papel como Milena Fariña en el filme “El pa(de)ciente». La ceremonia será el próximo 29 de enero. 

Más allá de la desprolijidad e inoportunidad del anuncio presidencial, fuera de tiempo político, no se puede soslayar que se trata simplemente de la aplicación de un mecanismo de política criminal, un “perdón administrativo”, cuya principal función es contribuir a la paz social, de competencia exclusiva del Jefe de Estado, consagrado en la Constitución vigente. No se trata de un procedimiento judicial ni contrario a las resoluciones del Poder Judicial. La mezcla de argumentos y reacciones posteriores al anuncio denotan cierta confusión y exageración, pues –desde el punto de vista práctico– los indultados tienen escasa significación desde el punto de vista de política criminal, y entre los indultados no hay autores de delitos de sangre, propiamente dicho. 

Senadores oficialistas y de oposición han comenzado a explicitar su malestar por la sorpresiva nominación de Ángel Valencia a Fiscal Nacional, donde algunos cuestionan su nombre, las defensas que ha asumido de imputados en causas polémicas, y sus vínculos con el mundo político, mientras que otros cuestionan el proceso a través del cual fue elegido. En pocas horas, los votos que se pensaban asegurados, de pronto comienzan a tambalear. Esto, en medio de versiones que hablan de solapadas negociaciones entre el Gobierno y senadores de oposición para instalar a Valencia, aun cuando nunca fue el candidato de La Moneda. En esta pasada, diversas fuentes del Congreso reparan en que la voltereta del Presidente para nombrarlo dejó a las ministras Marcela Ríos y Ana Lya Uriarte sin piso para, ahora, salir a amarrar los votos en favor del abogado externo a la Fiscalía. 

Tras la controversial decisión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de indultar a 12 condenados en el marco de las manifestaciones del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, se dieron a conocer los decretos con los fundamentos del Ejecutivo para otorgar los beneficios. En ese sentido, el Gobierno fundó la determinación en que «los hechos ocurridos durante el denominado ‘Estallido Social’, que derivó en una crisis política e institucional, en el cual se produjeron hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos, por los cuales se deberán adoptar acciones extraordinarias que permitan restablecer la paz social». A esto, se agrega que «el nivel de conflictividad en el país que configuró un contexto excepcional, enmarcado en masivas manifestaciones públicas. En este contexto y con el objetivo de propender a la cohesión social, reencuentro nacional y de mirar hacia el futuro con mayor dignidad y paz».  

Las contradicciones entre las cifras económicas y lo que revela la encuesta del CEP, con su potencial impacto político y en Hacienda. También en esta edición estreno de El Semanal 2023: Concha y Said, los dos nuevos nombres que se candidatean para liderar la Sofofa; qué hay detrás de los cambios en la Mesa de Dinero del Banco Central; Credicorp no le teme a la reforma de pensiones y evalúa entrar a competirles a las AFP; la advertencia de Marcel a los autopréstamos de las AFP; y los números que hacen que la inversión verde le compita a la minería. 

Ya conocidos son sus participaciones como abogado defensor del exjuez del caso Caval, Luis Barría –hoy formalizado por abuso sexual– y otro caso en donde asumió también la defensa de un violador de menores, todas en el ámbito privado. Pero no es la única materia en la que ha estado involucrado, ya que también fue defensor en un caso de violaciones a los derechos humanos y que involucra a otro nombre conocido: el exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien fue procesado en calidad de cómplice -cuando era teniente- de la muerte de Patricio Manzano el año 1985 (dicho procesamiento fue revocado el 2019). Por reste caso, la Agrupación de Familiares de Ejecutados políticos emitió una declaración en que califican como «muy grave» la nominación de Valencia a Fiscal Nacional porque «defendió al exdirector de Carabineros Villalobos, en el caso Patricio Manzano, muerto en tortura». 

El lingüista estadounidense abordó temas como la guerra en Ucrania, el papel de las redes sociales y la situación en América Latina en una conferencia de prensa en el marco de su próxima participación en el Congreso Futuro, que comienza el 16 de enero próximo. 

En conversación con El Mostrador en La Clave, el senador Daniel Núñez (PC) apuntó que el abogado Ángel Valencia, nominado por el Presidente Gabriel Boric para nuevo Fiscal Nacional, «tiene muchos vínculos, tanto informales como formales, con el mundo político, particularmente con la derecha. O sea, fue abogado asesor de la bancada de Renovación Nacional». En esa línea, apuntó que «después nos enteramos que el exministro del Interior Andrés Chadwick se lo lleva a trabajar a la Universidad San Sebastián». Además, sostuvo que Valencia debe dar garantías de que «no va a detener investigaciones donde aparezcan afectados políticos de derecha».