Tras los últimos antecedentes revelados sobre el candidato del Gobierno para dirigir el Ministerio Público, Ángel Valencia, quién enfrentó arraigo y orden de arresto por no pago de pensión alimenticia, la reacción no tardó en llegar y los senadores Iván Flores (DC) y Loreto Carvajal (PPD) manifestaron su descontento a raíz de la situación. Por su parte, el parlamentario de la Democracia Cristiana aseguró comenzar «a estar cada vez más distante de un voto favorable, porque es demasiado el ruido que está alrededor de Valencia. El ambiente, las conexiones, los vínculos, el historial; me hace pensar que es poco independiente y probablemente sea poco autónomo en el ejercicio de su cargo». Por su parte, la senadora Carvajal apuntó que «la idoneidad del señor Valencia cada día es más cuestionada, no se puede comprender cómo los estándares que muchos hemos defendido para cargos de elección popular y de designación, hoy pretende ser invisibilizada por quienes convenientemente aluden hoy a que hechos como el no pago de pensión alimentos debe ceñirse sólo a ámbito privado».  

El titular de Hacienda planteó que hubo varios factores —como el alza del dólar y la guerra en Ucrania— que contribuyeron a presionar la inflación al alza. Sin embargo, afirmó que «lo que ahora estamos viendo es que esos factores se están moviendo en la dirección opuesta». El jefe de la billetera fiscal explicó que el consumo ha venido cayendo durante varios meses y, por otra parte, los precios de materias primas están de vuelta a donde estaban hace un año atrás. Mario Marcel manifestó que todo eso va a contribuir a bajar la inflación y un buen ejemplo es que ya hemos tenido varias semanas seguidas de bajas en el precios de los combustibles, algo que «va a seguir ocurriendo». 

La diputada Catalina Pérez (RD), se refirió a las acusaciones constitucionales que comenzó a «activar» la oposición en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos. En ese sentido, la parlamentaria sostuvo que «siempre es un problema cuando mecanismos de contrapeso al Ejecutivo se utilizan sin justificación y sin ninguna mínima consideración de seriedad en sus presentaciones, que creo que es el caso de lo que estamos viendo hoy día». «Hemos visto en apenas un año, al poco andar de gobierno, apenas al inicio de un segundo año de gobierno, a un ministro acusado, al Presidente y a una ministra amenazados de ser acusados, a la oposición saliéndose de una mesa de trabajo en seguridad cuando justamente creo que lo que necesitamos como país es todo lo contrario y que la labor de entregar certidumbre a la ciudadanía no es solo del Gobierno, sino también de la oposición y del oficialismo», complementó.  

A poco más de 24 horas que el candidato propuesto por el Presidente Boric a Fiscal Nacional se presente ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado para exponer cuál sería su plan de trabajo para sacar al Ministerio Público de su profunda crisis, se ha sabido que el abogado Valencia mantuvo -en la primera década del 2000- un duro enfrentamiento en Tribunales de Familia, pero no como litigante, sino como demandado por su exseñora, por no pago de la pensión de alimentos para sus tres hijos, situación por la cual -en su momento- el Segundo Juzgado Familia decretó arraigo nacional y orden de arresto en su contra. Si bien, los abogados de Ángel Valencia ganaron un recurso de amparo y las medidas quedaron sin efecto, y logró rebajar el monto de lo adeudado, lo cierto es que estuvo durante varios años demandado por pensión de alimentos por su excónyuge, Vivian Massardo, bajo el fundamento de que «no provee lo necesario para la adecuada subsistencia de sus tres hijos». Paradójicamente, uno de los promotores de su candidatura a Fiscal Nacional en el Senado, Alfonso de Urresti (PS), con motivo de la Ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, respecto de lo aprobado, señaló: “Ojalá se legislen las inhabilidades a cargos de elección popular en toda la línea, pero también las relativas a cargos de designación». 

El Presidente Gabriel Boric anunció al prestigiado docente en Derecho Administrativo de la Universidad de Chile Luis Cordero Vega como nuevo ministro de Justicia, tras aceptar la renuncia de Marcela Ríos. En su historial, Cordero suma importantes logros, como haber sido coordinador de la Reforma a la Institucionalidad ambiental. Pero en la otra vereda, fue sancionado por la Universidad de Chile por utilizar transcripciones literales de párrafos ajenos en dos de sus libros, publicados el 2011 y 2015. Ha sido asesor de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en los juicios de Cuentas que se siguen en su contra ante la Contraloría, por temas vinculados a su gestión como alcaldesa de Santiago. 

«Nos interesa una justicia la cual a través de los fiscales nacionales sea imparcial y transparente”, explica Alicia Lira, junto con declarar que «con el señor Abbott dijimos basta». La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) entrega sus definiciones de por qué es «muy grave» la nominación de Ángel Valencia a Fiscal Nacional por parte del Gobierno. 

Los indultos fueron la gota que rebalsó el vaso, pero la situación de la ministra Ríos ya venía cuestionada desde el primer candidato para Fiscal Nacional que fue rechazado por el Senado, el de José Morales. Si bien la Cámara Alta puede rechazar un nombre propuesto por el Mandatario, esta situación no había ocurrido nunca antes, por lo que significó un mazazo para el Presidente Boric, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte y la misma Ríos. La situación se acrecentó tras el segundo fracaso, el de Marta Herrera. En su reemplazo, asumirá el abogado Luis Cordero [EN DESARROLLO]. 

Este sábado los consejeros nacionales y la directiva de la Democracia Cristiana —colectividad que cayó en crisis tras el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y sufrió la renuncia de varios militantes históricos— se reúnen en el primer consejo nacional presencial tras la pandemia para planificar las alianzas para las elecciones de 2023, 2024 y 2025, así como para la conformación de la mesa directiva tras dos renuncias a ella. 

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