Todos los Estados-nación en la historia se organizan alrededor de un núcleo de cinco funciones básicas: la mantención del orden interno, la administración de justicia, las relaciones exteriores, la defensa nacional y la gestión de las finanzas públicas. Se trata de las funciones «regalianas» o nucleares del Estado. No es que las demás no sean importantes, sino que estas son estructurantes y permiten que las otras se puedan llevar a cabo. El sentido común indica que en esas posiciones no cabe experimentar demasiado y que se debe evitar divertimentos e improvisaciones. En la selección de sus responsables tiene sentido nombrar a personalidades con peso entre las fuerzas de gobierno y el sistema de partidos, que contribuyan a su equilibrio y articulación y posean aptitudes para prever y enfrentar situaciones imprevistas y presiones persistentes, además de contar con las capacidades sectoriales pertinentes y prestigio en la sociedad. 

Todos quisiéramos que la paridad se hubiese dado en forma espontánea; que se hubiesen extinguido ya las razones para intervenir la libertad de las empresas de designar a quién y cuándo. Pero el mercado laboral es más parecido a una caótica colmena que a uno de esos modelos prístinos de las clases de microeconomía. En vista de este bosque de baches, propongo el concepto de comply or explain (cumplir o explicar) durante un periodo de transición. Si ni aun así se logra cumplir con un porcentaje mínimo de mujeres en directorios, proceder a una cuota sujeta a la condición de liberarlas una vez que se alcance el objetivo. ¿Mi apuesta? Una vez liberadas, las empresas se terminarán de convencer de todo ese talento que por tantas décadas venían despilfarrando. 

Lo que demuestra la evidencia de prácticamente todos los estudios de opinión es que, más que una sociedad dividida o polarizada, lo que tenemos desde hace décadas es una sociedad crítica y desconfiada con nuestra democracia, destacándose una mala percepción de los partidos políticos como instrumentos adecuados de intermediación y representación entre la ciudadanía y el Estado, cuestión que es sumamente peligrosa, ya que estos son insustituibles en todo sistema democrático. 

Este lunes, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó el Informe de Síntesis del Sexto Informe de Evaluación, donde alertan sobre la necesidad de una acción urgente para combatir la emergencia climática. La académica del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Paulina Aldunce, fue una de las especialistas a cargo de la redacción del texto y asegura que «este reporte es importante para el mundo, porque ofrece la evidencia científica más actualizada que existe con respecto al cambio climático». Además, una de las principales conclusiones del informe es que la quema de combustibles fósiles y el uso desigual e insostenible de la energía durante más de un siglo, han provocado un calentamiento global de 1,1 ºC por encima de los niveles preindustriales. «La mayoría de los modelos dicen que estamos llegando al 1,5 en la próxima década. Y la apuesta es que los gobiernos y la ciudadanía, todos los actores sociales en general, puedan hacer el esfuerzo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero», agrega la investigadora. 

Descoordinaciones y diversos errores «no forzados» han marcado la pauta del Gobierno en el tema de los polémicos indultos presidenciales –a doce condenados en el marco del estallido social y un exfrentista–. En el Ejecutivo existe coincidencia en que la consecuencia más grave que tuvo este caso para el oficialismo fue el retiro de la derecha de la mesa para el Acuerdo Transversal por la Seguridad, una iniciativa clave que habría permitido poner a la administración de Boric como protagonista ante el principal tema que preocupa a las personas, la delincuencia. 

Todo indica que el TC fallará hoy martes por 5/3 a favor del Gobierno, imponiéndose el argumento de que en los indultos impugnados, más allá de desprolijidades e inoportunidades, el Presidente actuó de acuerdo a la Constitución y las leyes. Lo único que podría dilatar conocer esta votación favorable para La Moneda sería que se concrete la amenaza de ausencia del ministro José Ignacio Vásquez al Tribunal Constitucional, debido a su molestia por el hecho de que la presidencia del órgano cambió la fecha de la deliberación del 23 de marzo a hoy, 21 de marzo. Vásquez es muy cercano al exministro del tribunal Iván Aróstica, y es considerado representante de la derecha y afín al Partido Republicano. En La Moneda consideran una maniobra muy extraña lo ocurrido y le restan importancia, porque solo logrará retrasar la deliberación del caso para el jueves. 

El ex Jefe de Estado cuestionó los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, especialmente el concedido al ex frentista Jorge Mateluna. Lagos recordó que él mismo había indultado a Mateluna y establecido requisitos para evitar que sucediera otra vez. «No entiendo cómo este señor fue indultado de nuevo», expresó. El ex Mandatario propuso en su momento que esta facultad esté más vinculada al Poder Judicial «y no a quien actúa como un príncipe moderno, que se llama Presidente de la República o Primer Ministro». De todas formas, a su juicio, la paz social no depende de un indulto, sino de abordar los temas sociales que se han postergado. Sus dichos fueron calificados por diputados de la UDI como una “lápida” y un «baño de realidad» para el Gobierno. Desde La Moneda, en tanto, evitaron entrar en un debate con el ex Presidente, sobre todo a horas del pronunciamiento del TC sobre el tema. 

La vocera de gobierno salió al paso de cuestionamientos luego de que el subsecretario Monsalve reveló que el Presidente Boric conocía los antecedentes penales de los indultados a fines del año pasado. La información fue confirmada por el titular de Justicia, Luis Cordero, y los dardos apuntaron a la ministra Vallejo, pues fue ella quien afirmó que si el Mandatario hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido «distinta». La contradicción, entonces, complica a La Moneda, ad portas de que la arista jurídica sea resuelta este martes por el Tribunal Constitucional. Vallejo recordó la salida de Marcela Ríos de la cartera de Justicia, por los errores en el procedimiento administrativo de la concesión de los beneficios, y manifestó que todos los antecedentes obraron en los expedientes. «Creo que es bastante claro cómo se ha procedido en esta materia», dijo. 

El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) lamenta que aún haya falta de compromiso político o una «baja concienciación de la urgencia», con programas de adaptación al cambio climático demasiado fragmentados y desigualmente distribuidos: por otro lado, sólo 18 países han logrado reducciones absolutas de sus emisiones por un periodo de más de 10 años. El documento, elaborado tras una semana de reuniones en la localidad alpina de Interlaken (Suiza), recuerda que «la temperatura global de la superficie se ha calentado desde 1970 a mayor velocidad que en cualquier otro periodo de 50 años de los últimos dos milenios». El informe da por «virtualmente seguro» un aumento de las olas de calor, ve muy probable que haya más lluvias torrenciales, y cree posible el alza de los incendios y las inundaciones. Ello traerá asociada un alza de la mortalidad por olas de calor, más enfermedades contagiosas, mayores inundaciones, pérdida de biodiversidad y el descenso de la producción agrícola en algunas regiones, vaticinan los expertos. El informe, elaborado por 93 autores, recuerda que entre 3.300 y 3.600 millones de personas, más del 40 % de la población global, viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático.