A través de un oficio que determina prisión preventiva para extranjeros detenidos sin documentos, reaccionó tardíamente la Fiscalía Nacional ante la crisis de seguridad. Una medida apoyada por los Fiscales Regionales, pero cuyo criterio no es compartido por todo el sistema de justicia. En una misma jornada, el Poder Judicial –vía apelaciones– dejó en prisión preventiva a un indocumentado en Maipú, pero en Concepción una jueza de Garantía desechó la solicitud del Ministerio Público y concedió la libertad a otros cuatro. Con esta medida, más la colaboración con la comunidad mediante los llamados «sujetos de interés», Ángel Valencia buscó salir del aletargamiento al que sumió a la Fiscalía durante toda la discusión de la Ley Naín-Retamal. Una muestra del estilo de Valencia, que anunció un cambio radical al asumir, pero que ha mantenido una lenta marcha blanca, tanto así que fuentes internas del Ministerio Público señalan que ha cedido espacios de liderazgo ante Xavier Armendáriz, el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte. Sin embargo, el despido de 16 personas hace unos días, la creación de nuevas unidades, redistribución de funciones, enroque de cargos, la llegada de nuevas jefaturas, podrían comenzar a perfilar un sello. 

El esqueleto principal propuesto por la Comisión Experta ya fue aprobado de manera unánime por el pleno. Ahora, ad portas de que se ingresen las indicaciones a ese texto, las posiciones de ambos lados empiezan a mostrar sus diferencias. La discusión sobre si el Estado Social y Democrático de Derecho admite o no la participación de entes privados se asoma y está por verse el marco en que los prestadores públicos y privados competirían. Hasta ahora, la libertad de elección parece ser un concepto que se consagrará, dado el equilibrio de los votos en el órgano, sin embargo, esto no significa –según algunos comisionados oficialistas– que se consagre un Estado subsidiario. 

La reunión entre el expresidente Sebastián Piñera, y la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, ha tenido una duración de más de seis horas. Desde la comuna de Vitacura, el exmandatario, en calidad de imputado, se encuentra declarando a raíz de la investigación por delitos de lesa humanidad registrados durante el estallido social de 2019. Hace una semana fue el turno de su primo y exministro del Interior durante su administración, Andrés Chadwick.  

A través de un informe, Contraloría detectó una serie de falencias en los sistemas informáticos de Gendarmería, lo que provocaría, entre otras cosas, el peligro de suplantación de identidades y, como consecuencia, un alto riesgo de fuga de internos. En concreto, la investigación del órgano contralor buscó poner el foco en el correcto funcionamiento del «Sistema de Cotejo de Identidad», el cual, según establece la institución, se utiliza desde el año 2016 para verificar la identidad de las personas que están siendo registradas o abandonando un recinto penal. En 2021, se registraron 14,504 internos que ingresaron y abandonaron el centro penal Santiago Uno.  No obstante, sólo en 16 de estos casos se utilizó el «Sistema de Cotejo de Identidad», lo que se traduce en un 0,11% de reclusos. 

«De las 28 pesquerías informadas, considerando aquellas pesquerías cuyo estado de conservación no se encuentra actualizado, el 14% se encuentra subexplotadas y el 29% en estado de plena explotación. Por su parte, se registran 8 pesquerías en estado sobre explotación (29%) y 8 (28%) en condición de agotada», detalla el informe. La organización de conservación marina Oceana hizo un llamado al Ministerio de Economía y a la Subpesca a terminar con ciertas prácticas que están atentando contra la recuperación de las pesquerías. Entre los principales obstáculos se encuentran el incremento irregular de cuotas en algunas pesquerías y la falta de programas de recuperación. 

La Cámara Baja aprobó las enmiendas del Senado con 127 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones. Los votos en contra fueron del Partido Republicano. La tramitación del proyecto, desde que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, lideró los acuerdos, destacó por un respaldo transversal a la iniciativa. De hecho, el Senado aprobó el texto con unanimidad el 21 de marzo. Eso sí, el Gobierno tuvo que ceder en algunas materias, como la flexibilidad laboral. Sobre los detalles de la iniciativa, esta se implementará con gradualidad: la reducción será de 45 a 44 horas al primer año de vigencia de la ley, a 42 horas al tercer año y a 40 al quinto año. Asimismo, el proyecto contempla la posibilidad de implementar una distribución de jornada de cuatro días trabajados por tres de descanso, conocida como 4×3. [ACTUALIZADA] 

La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, participó este martes en el programa de El Mostrador Radio, «Al Pan Pan» con Mirna Schindler donde abordó los dichos que emitió el extimonel del partido, Fuad Chahín, luego de que un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago haya dejado sin efecto su expulsión de la tienda. Ante las acusaciones de tener «capturada» a la DC, la parlamentaria optó por no referirse al tema indicando que «los problemas que hoy enfrentamos están fuera de los muros de Alameda 1460 (sede de la DC) o los fallos de un tribunal. La principal preocupación de los militantes es el acontecer del país». Asimismo, aseguró que el éxodo de militantes «no es de gran envergadura». Por otra parte, al ser consultada sobre las críticas de Ximena Rincón al Gobierno por la agenda de seguridad, Provoste aclaró que «no hay que desconocer las medidas que ha adoptado el Gobierno en la materia» y que no tiene ningún problema personal con ella, sino que político. Al referirse sobre la crisis en seguridad pública y migratoria que vive el país, la excandidata presidencial aseguró que durante el segundo mandato de Sebastián Piñera Chile vivió la mayor inmigración irregular. «Son datos refrendados por el Ministerio del Interior», cerró. 

Durante la tramitación, los partidos han dado un respaldo transversal al proyecto de 40 horas laborales. De hecho, el Senado lo aprobó por unanimidad el 21 de marzo. Sin embargo, el Partido Republicano anunció su rechazo a la iniciativa, calificándola como «populista» e indicando que «más temprano que tarde terminará perjudicando a la gran mayoría». Recordemos que la iniciativa se implementará con gradualidad: la reducción será de 45 a 44 horas al primer año de vigencia de la ley, a 42 horas al tercer año y a 40 al quinto año. A su vez, el proyecto contempla la posibilidad de implementar una distribución de jornada de cuatro días trabajados por tres de descanso, conocida como 4×3.