No hay posibilidad de que se produzca la construcción de “empoderamiento ciudadano”. Para la evaluación ambiental, lo que hay es la misma mirada asistencialista, vertical, del mismo Estado neoliberal-subsidiario existente desde los 80, profundizado desde los 90. Desde este paradigma no es posible pensar la existencia de comunidades que puedan llevar adelante soluciones colectivas; las soluciones siempre las da el Estado y sus “especialistas” –sobre todo si son abogados–. Es decir, según esta perspectiva, el componente para resolver los problemas siempre es técnico, las comunidades no tendrían la capacidad para que la participación ciudadana tenga un componente político, es decir, abrirse a la posibilidad de pensar siquiera que la sociedad, expresada localmente, pueda resolver sus problemas sociales de manera colectiva, desde el ámbito territorial.
