La eficacia en prevención y en la persecución penal no deriva solo de un marco legal claro, que por cierto es indispensable, sino de una capacidad operativa policial y de una investigación penal acuciosa y rápida. Para esto, se debe mejorar radicalmente la capacitación de las policías y desarrollar una coordinación interinstitucional entre los distintos órganos del Estado con tareas de base para la Seguridad, como el Registro Civil, el sistema carcelario, el Ministerio Público, el conjunto de servicios de inteligencia policiales y militares, y el Poder Judicial. Y ayudaría mucho una acción gubernamental coherente en desarrollo urbano y seguridad vial, así como la existencia de una infraestructura robusta de información y base de datos.
