Son razonables las aprensiones respecto a que retrocedamos a una discusión elitista, tan alejada de la ciudadanía como antes del estallido social. Más aún si la participación en ese espacio contribuye, por activa o por pasiva, a legitimar unos bordes, que sería más preciso llamar límites o fronteras infranqueables, jurídicamente vinculantes, que debiliten el proceso de escribir una Constitución realmente nueva, al generar tantas restricciones que lleven a judicializar lo que se debería comprender como una deliberación auténticamente democrática.
