Dos años después de que el Ministerio de Ciencia –dirigido entonces por el neurocientífico Andrés Couve– lanzara la Política Nacional de Inteligencia Artificial, la actual secretaria de Estado, Aisén Etcheverry –que estuvo entre los actores que participaron de aquella discusión que fijó la hoja de ruta para los próximos 8 años– volvió a reunirse con los expertos y las expertas que dieron origen a dicha política, esta vez para avanzar en un tema no discutido en aquella ocasión: los alcances socioculturales y éticos de esta tecnología en Chile. «El temor se aborda con conocimiento”, sostuvo la ministra. 

Casi 2 millones de chilenas y chilenos viven con condiciones permanentes de discapacidad mental. La mitad tiene más de 59 años, porque tanto la edad como la pobreza son factores que la potencian. Hoy se lanza “Trayectorias de Inclusión Social de Personas con Discapacidad Mental en Contextos de Pobreza y Vulnerabilidad”, una publicación-estudio que es parte de la serie «Del Dicho al Derecho», realizada por el área de Discapacidad Mental del Hogar de Cristo. En cuatro capítulos –a través de una mirada cuantitativa y cualitativa– presenta la realidad de la discapacidad en Chile, dándoles más voz a las personas que la viven que a los expertos. Un tema que se ha dicho es prioritario para el Gobierno y que, sin embargo, cuenta con un presupuesto del 2,2% del total destinado a salud mental, menos de la mitad del mínimo (5%) que, en 2010, recomendó la OMS para el país. 

En la última sesión del Consejo de Corfo, que fue presidida por la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, se resolvió adjudicar el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) a las 11 universidades públicas chilenas pertenecientes a la Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (Asdit), justo en una semana clave para el desarrollo del litio en Chile. «Tanto el país como la Región de Antofagasta, así como todas las instituciones que participarán y desarrollarán el ITL, celebran que se haya tomado una decisión por parte de Corfo fundada, seria e informada, honrando plenamente el propósito del ITL, que no es otro que mejorar la calidad de vida de los chilenos», expresaron desde la Asdit. 

El influyente empresario dice que ese pacto sería mucho más perdurable en el tiempo y advierte que los problemas que gatillaron el estallido social siguen ahí. El expresidente de Icare fue el invitado de esta semana a La Mesa de El Mostrador, en la víspera de la visita del Presidente Gabriel Boric a la Enade. Hombre histórico del grupo Angelini, Gazmuri es optimista con respecto a que tendremos una reforma tributaria, avances en la de pensiones y una nueva Constitución a fin de año. Y su optimismo se basa en que «el Boric de ahora es muy distinto al que ganó las elecciones» y en que los empresarios entienden que Chile tiene que pasar a un Estado social de derecho. 

La “Tati“ no pasa inadvertida para los que conocen los entretelones de Palacio, sobre todo por la baja aprobación ciudadana del Presidente (entre 25% y 33%), según muestran las encuestas en forma ya permanente. “No ha sido efectiva en esa tarea, que al final es una de las más importantes”, señalan en La Moneda. Ingresó al gabinete presidencial como subordinada del periodista Felipe Valenzuela –amigo personal de Boric– y al poco tiempo se quedó con su puesto. Conocida como escudera de la figura presidencial, Klima ostenta un carácter fuerte y no elude la confrontación con tal de lograr lo que quiere. Hoy muchas miradas adicionales están sobre ella, por las filtraciones que salen desde su oficina hacia la prensa, y no ha dejado de hacer ruido su paso como asesora personal del otrora gerente general de Andes Iron, controlador de Minera Dominga, Iván Garrido. 

Desde el Gobierno bajaron el tope máximo desde el 50% al 48%, algo que no satisfizo a la oposición (esperan una mayor baja). La Comisión de Hacienda del Senado, que revisó el proyecto, tuvo una accidentada sesión. Empezó en la mañana y los legisladores la iban a retomar a las 15:00 horas. Sin embargo, apenas reiniciada, se suspendió y no volvió a ser retomada. «Vamos a tratar de introducir nuevas indicaciones al proyecto y muy probablemente tengamos que tramitarlo en las próximas dos semanas o eventualmente con posterioridad a la semana distrital», señaló el presidente de la comisión, Ricardo Lagos Weber (PPD). 

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma que modifica la Constitución en materia de regulación migratoria. La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó las iniciativas en detalle. «Uno de ellos es una discusión inmediata que el Ejecutivo puso a una reforma constitucional que va a habilitar para que posteriormente cambiemos la ley y cuando se hacen procesos de expulsión haya más tiempo para hacer efectivo ese trámite. Hoy sólo son 48 horas y ese plazo es muy breve», detalló. «El segundo proyecto le va a otorgar a Carabineros la posibilidad de colaborar en las labores de control de migraciones. En la actualidad no puede hacerlo y cuando detecta situaciones irregulares no tiene atribuciones para traspasarle el caso a la Policía de Investigaciones», complementó. 

Tras la aprobación del proyecto minero Los Bronces Integrado de la empresa Anglo American, diversas organizaciones medioambientales criticaron al Gobierno por dar visto bueno a un proyecto evaluado desfavorablemente por los organismos técnicos. Fue la titular de la cartera de Medio Ambiente, Maisa Rojas quien salió a enfrentar las críticas con foco en la salud de las personas. «Con los nuevos compromisos entregados durante la fase de reclamación, el análisis técnico de las medidas propuestas por el titular, así como las especificaciones de las exigencias a cumplir añadidas por el Comité basado en los informes de los organismos con competencia ambiental, permiten concluir que no habrá un impacto significativo sobre la salud de las personas». 

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, la parlamentaria frenteamplista expresó su preocupación por la crisis de seguridad pública en el país, aunque sostuvo que el debate se ha centrado en una agenda «efectista» y que la oposición está impulsando proyectos que buscan ser populares, pero que no abordan la complejidad de la situación. Según la diputada Schneider, la falta de presencia del Estado en sectores con altos niveles de delincuencia es un problema que debe ser abordado con «políticas públicas serias», al tiempo que también se mostró preocupada por la alta desaprobación del Congreso y la falta de respaldo a las instituciones. «Esto se ha vuelto un espectáculo», sentenció.