La Corte de Apelaciones de Arica ha confirmado que tres funcionarios de Gendarmería, acusados de omisión en la muerte de un interno, podrán enfrentar la investigación en libertad. Esta decisión se tomó tras rechazar la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscalía.
El tribunal desestimó el recurso interpuesto por el Ministerio Público el pasado viernes 1 de agosto, que buscaba revertir la resolución del Juzgado de Garantía, el cual había decidido no aplicar dicha medida cautelar en este caso de homicidio simple por omisión relacionado con el fallecimiento de un interno en diciembre de 2024.
La Corte declaró inadmisible el recurso debido a defectos de forma, confirmando así lo resuelto anteriormente por la jueza Ana Sepúlveda Burgos. Esta última había determinado que no existían pruebas suficientes para vincular a los gendarmes de manera dolosa con el fallecimiento del interno, lo que llevó a desestimar los requisitos necesarios para la prisión preventiva.
Los defensores públicos Rodrigo Torres Díaz y Ginger Riffo Gaete, quienes representaron a los funcionarios, valoraron la decisión tanto del tribunal de garantía como la ratificación por parte de la Corte de Apelaciones. Torres expresó: “Desde el primer momento sostuvimos que no existían antecedentes que justificaran la existencia del delito ni la participación de nuestros representados, y mucho menos una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Esta resolución reafirma que las cautelares deben aplicarse con estricto apego a la legalidad y a los derechos fundamentales.”
Por su parte, Riffo subrayó que “el sistema penal exige un estándar probatorio mínimo para afectar derechos fundamentales. En este caso, ese estándar simplemente no se cumplía. Lo que ha ocurrido es una señal de respeto al debido proceso.”
Con esta decisión, el proceso continuará en su etapa de investigación, con un plazo de 90 días establecido inicialmente.
