La presencia militar en las zonas fronterizas sin una política de carácter humanitario, que logre garantizar la protección de personas en situación de riesgo de vulneración de sus derechos en el marco de la crisis migratoria, tiene como consecuencia que éstas queden condenadas a la irregularidad como vía para ingresar al país, incentivando a que grupos delictivos generen nuevas rutas y mecanismos, abriendo espacios a la informalidad y propiciando las actividades ilícitas de las cuales son víctimas quienes no pueden acceder a la regularidad.