Cualquier Convención Constitucional democrática aspira a que su composición y decisiones reflejen el pensamiento ciudadano y que el debate esté sometido al escrutinio público. Pero también requiere que se alcancen compromisos políticos que demandan instancias de deliberación a puertas cerradas. Es cierto que la idea de transparencia y publicidad sin límites respondió a una percepción de que el sistema político gradualmente fue encerrándose en sí mismo y llegando a acuerdos de espaldas a la ciudadanía. Pero no es posible anular la política de compromiso y acuerdos. En el contexto de convencionales mayoritariamente sin experiencia política, sin organización partidaria ni programas coherentes de reforma, el nivel de descentralización y publicidad fue problemático, pues redujo la capacidad de dialogar, de aprender y enmendar errores y de pensar la Constitución como un sistema que requiere mirar el conjunto.
