La problemática que ha surgido en torno a las parcelaciones exige entonces una mirada más integral desde las políticas públicas, y seguir avanzando desde el Estado en la definición sobre cómo debe generarse un proceso de urbanización en áreas rurales. Esta definición no puede quedar entregada al mercado y a las condiciones que cada proyecto disponga, si no que debe darse a través del ordenamiento territorial y de normas que establezcan lineamientos y estándares mínimos de protección del medio ambiente.
