Como reacción al fallido autogolpe del presidente Castillo en Perú, los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina emitieron una declaración conjunta en favor de Castillo, pidiendo derechamente que se respete su investidura emanada de la voluntad popular, implicando que fue ilegítimamente removido. También exigen que se respeten sus Derechos Humanos. Esta declaración, que está absolutamente supeditada a la ideología, desgraciadamente está teniendo efectos negativos en múltiples áreas que al final repercutirán en la propia integración regional.
