Es fundamental tener Inteligencia del Estado; algo que los sucesivos gobiernos democráticos han sido incapaces de instalar: un servicio de inteligencia profesional para orientar sus decisiones políticas complejas, especialmente en materia de seguridad. La ANI no ha cumplido realmente este rol, y no es por falta de ley. Una solución positiva requiere aplicar un principio de orden y coordinación que provenga directamente de la Presidencia de la República, que potencie las instituciones del sector, las coordine y oriente de manera eficiente al cumplimiento de las tareas y objetivos que el país requiere. Todo ello, por fuera de cualquier consideración ideológica, y solo atendiendo al interés nacional.
