El gobierno central ahora tiene plazo hasta diciembre de 2024 para digitalizar todos sus trámites ciudadanos, y hasta el 2026 para que esto ocurra con los procedimientos administrativos. Los municipios tienen algo más de holgura, pero no mucha. Al 2027 el Estado –tanto a nivel local como central– deberá, según la ley, llevar todas sus operaciones desde el soporte papel al digital.