Elaborar un robusto plan sectorial para la Gestión del Riesgo de Desastre en conformidad con la nueva ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, está en primera fila. En este sentido, debemos también acelerar la marcha en algunos desafíos técnicos, como mejorar metodologías de evaluación de rentabilidad social para lograr una mayor inversión en líneas especiales para la RRD, diseñar mecanismos de protección financiera para mitigar pérdidas, complejizar la estimación de daños en términos infraestructurales y sociales y, ciertamente, avanzar con decisión en acuerdos políticos que permitan revisar y crear normativa e instrumentos de planificación territorial para poner freno al crecimiento descontrolado de las ciudades y a la relocalización de comunidades hacia zonas expuestas a amenazas.
