Creemos que la unificación de datos y una entidad autónoma encargada de sus análisis permite, en cierta forma, legitimar a cada institución vinculada, pues el estudio integral de esta información servirá para crear o modificar políticas públicas relacionadas con el ámbito judicial y dará insumos objetivos al Estado para saber “dónde aprieta el zapato“ y, de paso, cerrar la puerta a interpretaciones o lecturas de los datos que lo único que hacen es generar confusión y contrariedad en las personas.
