Su legado es eterno. Transformó el juego del fútbol, en algo que hasta el día de hoy no se conocen las dimensiones reales de lo que puede llegar a ser aún más, desde que apareció en la cancha. Las hizo todas hace 60 años. Por ello vean el documental Pelé venía del futuro, para entender y valorar en toda su dimensión la calidad y categoría del 10 brasilero. 

Este 2022 ha sido clave para la política comercial de Chile. El gobierno del Presidente Boric heredó dos procesos en estado avanzado. Estos, con sus luces y sombras, marcaron la agenda: el CPTPP y la modernización del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En el caso del primero, el acuerdo se encontraba firmado y en pleno trámite legislativo, mientras que el segundo se encontraba en un estado avanzado de negociaciones luego del fallido intento del gobierno anterior de acelerarlas y cerrarlas durante su mandato, sin sopesar en lo que se estaba cediendo. En este contexto, el gobierno dio un giro importante. De ahora en adelante, en la evaluación de los acuerdos se priorizará la defensa de la autonomía estratégica del Estado para definir políticas a favor de la sustentabilidad y el cambio productivo. 

El tema de las empresas públicas requiere de serias definiciones en el futuro. Si bien las actuales entidades han ratificado la conveniencia que mantengan su condición, se ha abierto un debate que debe ser resuelto, tanto en el programa de Gobierno del Presidente Boric, en las proposiciones actuales de algunos de sus partidarios y en la derrotada propuesta de la Convención en que se planteó la creación de nuevas empresa estatales como podrían ser en la producción de litio, hidrógeno verde, un Banco Nacional de Desarrollo y otras actividades no muy definidas. Las nuevas orientaciones de la CORFO deben considerar que en el futuro se está pasando de la Industrialización hacia el mundo digital, si el país quiere recuperar su desarrollo y elevar su productividad promoviendo nuevas actividades y emprendimientos. 

El diputado PS, Leonardo Soto, se refirió a la propuesta de crear un recinto penitenciario exclusivo para imputados y condenados provenientes de pueblos originarios, iniciativa que impulsa junto a otros parlamentarios y que actualmente se encuentra en evaluación técnica por parte del Ministerio de Justicia. «El Convenio 169 de la OIT obliga a todos los países donde habitan pueblos indígenas a que, en los casos de personas privadas de libertad, haya una adecuación de los recintos penales que pueda recoger la interculturalidad», señaló. Asimismo, agregó que no se trata de otorgar un espacio de privilegio, sino que de «un recinto penal con condiciones de seguridad estándar pero con pertinencia cultural y religiosa, que permite resolver un problema de Estado». 

«Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria, creo que tenemos que sanar estas heridas, acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo», dijo el Presidente Gabriel Boric sobre el indulto que otorgó a 13 personas -12 condenadas en el marco de hechos de violencia del estallido social, y el exfrentista Jorge Mateluna-. Sobre las críticas de Chile Vamos y su decisión de bajarse de la mesa de seguridad, el Mandatario manifestó: «lo que le pido a la oposición es que, en temas como por ejemplo el cómo enfrentamos la delincuencia en nuestro país, pongamos a la gente por delante de la disputas políticas que podamos tener». 

En un principio, el Gobierno informó que el Presidente Gabriel Boric indultó a 11 personas -10 condenadas en el marco de las manifestaciones del estallido social, y el exfrentista Jorge Mateluna-. Sin embargo, pasadas las 15:00 horas, el Ejecutivo rectificó y señaló que el Mandatario indultó a 13 personas. Según un comunicado emitido desde Presidencia, «el indulto presidencial es una facultad del Presidente de la República, consagrada en el artículo 32 N° 14 de la Constitución y en la Ley 18.050, que fija las normas generales para conceder». [ACTUALIZADA] 

La oposición reaccionó a los indultos del Presidente Boric a 12 personas condenadas en el marco de las manifestaciones del estallido social, y al exfrentista Jorge Mateluna. Desde RN, la UDI, y Evópoli anunciaron su baja de la mesa de seguridad. En tanto, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, indicó que la colectividad buscará una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos. «Como Renovación Nacional hemos tomado la decisión de impulsar una acusación constitucional contra la ministra Marcela Ríos, con la convicción de que no podemos seguir avalando un Ministerio de Justicia que es inoperante e ineficaz», dijo el legislador. 

Mientras todos los principales conflictos se concentran en el hemisferio norte, Chile y los demás países de América del Sur parecen cómodos observando a distancia. Si bien, con la excepción de Venezuela, todos han terminado condenando la invasión rusa de Ucrania, ninguno se ha aventurado a hacer actos de solidaridad con la población civil agredida. Ni Chile, ni ninguno de los países sudamericanos (para los cuales el respeto de los derechos humanos es un pilar de sus respectivas políticas exteriores), ha arriesgado ningún gesto material de solidaridad. En el caso de la geopolítica de la Región del Pacífico, ese ánimo observador se repite, en parte fundamental porque China se ha convertido en el principal socio comercial y principal inversor extranjero en casi toda la región. 

Revisemos la historia de los hechos. Puerto Ventanas se instaló en la Bahía de Quintero el año 1991, es decir, previo a la dictación de la Ley General de Bases del Medio Ambiente 19.300 y su Reglamento (1997). Esto significa que la empresa es una de las varias que conforman el Complejo Industrial Ventanas, cuyas operaciones principales no fueron ni han sido evaluadas ambientalmente. Lo que se ha realizado son evaluaciones parciales de ampliaciones o mejoras de algunas instalaciones del puerto, no así los impactos a escala mayor que genera la operación de esta instalación industrial.