Constituye un imperativo político y ético encarar el debate constitucional incluso en estas difíciles condiciones. Guste o no, será en ese espacio en el que se definirán cuestiones esenciales para el futuro próximo, y parece una responsabilidad ineludible confrontar ideas con quienes aspiran a que ese futuro esté marcado por la exclusión política y la desigualdad social. Contra esta aspiración inmovilista, debemos oponerles un marco fundado en los derechos humanos que, tanto en su dimensión civil y política como en cuanto los de naturaleza económica, social, cultural y ambiental, habilite la construcción progresiva de un efectivo Estado social de derecho y un mejor país para todas y todos.
