Con la decisión de la Corte Suprema de sumar a la abogada Erika Maira –gerenta de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público– a la quina para Fiscal Nacional, se dio inicio al tercer round de una pelea que el Gobierno no pensó que le saldría tan larga y con tantos golpes en contra. Tras las dos fallidas propuestas anteriores, el comité político vuelve a estar en el centro de la exposición, con la difícil misión de recomendar al Presidente un tercer nombre que, esta vez, pase la prueba. Hasta ahora el nombre de Maira, si es que resulta elegida, no generaría ningún consenso, siendo los fiscales regionales Juan Agustín Meléndez y Carlos Palma quienes habrían tomado la «pole position» que, hasta hace algunos días, lideraba Ángel Valencia, el abogado cuya fortaleza y experiencia están en la defensa de imputados –de toda índole– y no precisamente en la persecución penal de los mismos.
