Chile acaba de dar un paso crucial para iniciar un nuevo proceso constituyente, mediante un acuerdo político entre las fuerzas con representación parlamentaria, cuya casi unanimidad otorga amplia legitimidad social. Lo actuado tiene el valor de usar la institucionalidad vigente, en este caso el Congreso Nacional, para abrir cauce a un nuevo proceso, lo que constituye un punto a favor de una legitimidad de origen. Adicionalmente, llena el vacío institucional que se venía produciendo desde el plebiscito de salida del anterior proceso, que acumulaba tensiones disolventes en medio de un complejo escenario de inseguridad cívica. Con todo, hay que esperar el producto final y la decisión de la ciudadanía en el referendo de salida.
