Un equipo del Primer Tribunal Ambiental se trasladó a las áreas de la población Los Industriales y cerro Chuño en Arica para verificar in situ los detalles de la demanda presentada en 2024 por la Fundación Mamitas del Plomo. Esta acción judicial busca abordar el daño ambiental causado por la contaminación por metales pesados y está dirigida contra el Estado de Chile.
Los ministros, junto a un equipo científico y jurídico del tribunal, llevaron a cabo diligencias en terreno, lo que permitió obtener mayores antecedentes sobre el caso, recorriendo diversos puntos donde presuntamente se habrían acopiado y trasladado residuos mineros.
La demanda se originó cuando un grupo de madres ariqueñas decidió demandar al Estado por los problemas de salud de sus hijos, que atribuyen a la contaminación de metales pesados abandonados en la comuna de Arica por la empresa Promel.
Según la denuncia, en 1984 se trasladaron 20 mil toneladas de residuos tóxicos que fueron depositados en las afueras de la ciudad, específicamente en el Sitio F, ubicado en la población Los Industriales. La demanda menciona que estos residuos provenían de la empresa sueca Boliden, que vendió los materiales a la empresa chilena Promel.
La Fundación cuestiona que las acciones de remediación realizadas en su momento han sido insuficientes, señalando que aún existen áreas que no han sido tratadas, lo que mantiene a la población expuesta a metales pesados. Además, critican que el lugar donde se depositaron los residuos carece de medidas de seguridad adecuadas, estando cerca de residencias.
“Parte del trabajo del Tribunal es hacerse de antecedentes, contexto y del terreno mismo. Esto implica realizar algunas pericias, en este caso acompañado por la BIDEMA [Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones], donde estamos haciendo un screening del suelo para verificar la presencia de ciertos polimetales y compararlos con datos históricos de este y otros lugares cercanos”, explicó el ministro Marcelo Hernández.
Durante dos jornadas, se recorrieron nueve puntos de la ciudad, escuchando a miembros de la fundación que lidera este proceso, buscando demostrar el impacto por el acopio y manejo de residuos mineros.
“La idea es levantar información, conversar con actores presentes en el territorio y poder enriquecer los antecedentes presentados por las partes, lo que nos permitirá un mejor análisis técnico-científico en esta causa para llegar a una decisión adecuada”, añadió el ministro Hernández.
Es importante recordar que en enero de este año se llevó a cabo una audiencia de conciliación, donde el tribunal escuchó el testimonio de 14 testigos, tanto comunes como expertos. Posteriormente a esta visita inspectiva, el tribunal deberá redactar un acta y revisar los antecedentes del caso para determinar los pasos a seguir.
“El tribunal realizó una diligencia de inspección personal, especialmente en el sitio F, donde se habrían dispuesto los residuos con polimetales en la década de los 90. Ahora, los ministros debemos analizar los antecedentes, evaluar si hay consenso sobre cómo resolver el caso y, de ser así, continuar con la redacción de la sentencia. Si no, determinar si es necesario recabar información adicional”, comentó el ministro Alamiro Alfaro.
Demanda
La fundación sostiene que los materiales acopiados no solo contaminaron el lugar donde estaban, sino que se dispersaron por el viento a áreas cercanas al Sitio F y al depósito de Quebrada Encantada, facilitando que los contaminantes llegaran a zonas habitadas.
<pAdemás, mencionan que un estudio de la Asesoría Técnica Parlamentaria, realizado en enero de 2019, indica que la contaminación por polimetales en Arica se debe a altas concentraciones de plomo y arsénico en los suelos, resultado de más de 20 mil toneladas de desechos tóxicos y metales pesados depositados por Promel y Boliden Metal (Suecia) entre 1984 y 1985. La intención original del proyecto era extraer oro y plata de los residuos, pero estos fueron abandonados en el Sitio F, de propiedad fiscal.
La versión del Estado de Chile
En respuesta a la demanda de la Fundación Mamitas del Plomo, el Estado de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), negó que existan antecedentes suficientes que acrediten una afectación significativa al suelo, aire o agua que configure un daño ambiental conforme a la legislación actual. Argumentaron que la presencia de metales pesados como arsénico y plomo en la zona se debe, en parte, a condiciones geológicas naturales del norte de Chile y no necesariamente a acciones atribuibles al Estado. Además, sostuvieron que la demanda no demuestra que dichas concentraciones se hayan incrementado significativamente por intervención humana, ni explica cómo ese daño afecta específicamente al medio ambiente.
Sobre las acciones estatales, el CDE afirmó que el Estado ha adoptado medidas de remediación mediante diversos actos administrativos y materiales, incluso bajo una ley especial. Sin embargo, enfatizó que la demanda no reconoce estos esfuerzos ni propone alternativas técnicas viables. La defensa insistió en que no se puede responsabilizar al Estado por toda la situación sanitaria de Arica, especialmente cuando se han implementado políticas públicas para mitigar los efectos del acopio histórico de residuos en sitios como el Sitio F y Quebrada Encantada. En este contexto, el CDE sostuvo que no hay base jurídica ni técnica para exigir nuevas reparaciones sin una demostración clara del supuesto daño ambiental y su relación causal con actos del Estado.
