La Corte de Apelaciones de Arica ha decidido acoger el recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota, anulando así la sentencia que había impuesto una condena de tres años y un día de presidio efectivo a un imputado por el delito de lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar.
La defensora penal pública, Sofía Makaus Bravo, argumentó que se habían vulnerado los derechos de defensa al no poder controlar adecuadamente la prueba de cargo. En particular, cuestionó la validez de una declaración obtenida por Carabineros, la cual fue incorporada al juicio sin cumplir con los requisitos legales, dado que la supuesta víctima no compareció durante el juicio oral.
“Nos encontramos ante una infracción al derecho a defensa y al principio de contradicción. No se permitió a esta defensa confrontar directamente la versión de la denunciante, lo que vulnera no solo nuestra Constitución, sino también tratados internacionales vigentes como la Convención Americana de Derechos Humanos”, explicó Makaus.
VALOR PROBATORIO
Además, la defensa impugnó el valor probatorio de un informe psicológico que supuestamente sustentaba la retractación de la víctima, argumentando que carecía de rigor metodológico.
El tribunal de alzada decidió acoger los argumentos de la defensa, anulando tanto el juicio como la sentencia condenatoria, limitando la nulidad al delito de lesiones graves. En lo que respecta al delito de amenazas, se mantuvo la absolución previamente dictada.
Con este fallo, se ordena la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal que no esté inhabilitado.
