Desalojo en Cerro Chuño: Más de 300 funcionarios participan en la recuperación de terrenos
El desalojo iniciado el sábado 24 de julio comenzó con 115 viviendas desocupadas en un proceso calificado como pacífico y expedito.
El delegado presidencial Cristian Sayes, junto a la seremi de Seguridad Pública, Pollyana Rivera, y las jefaturas de la PDI y Carabineros, además de representantes de la municipalidad de Arica, informaron que el operativo de desalojo y recuperación de terrenos avanza de manera efectiva y pacífica, destacando el retiro voluntario de las familias del sector. Se reportó que el operativo comenzó con 115 de las 223 viviendas irregulares ya desocupadas, y más de 40 familias han dejado el lugar por su propia voluntad sin presentar resistencia.
Sayes también informó que, para garantizar la seguridad de las personas en situación de vulnerabilidad, se estableció un «Punto Seguro» y un albergue en el estadio con capacidad para 100 personas.
En relación con rumores que circulaban en redes sociales, el delegado desmintió categóricamente que no se entregarán soluciones habitacionales a quienes participan en ocupaciones irregulares, enfatizando que infringir la ley mediante ocupaciones ilegales no es un camino válido para obtener beneficios o subsidios del Estado. El apoyo proporcionado se centra en la orientación psicosocial para niños, niñas y adolescentes, alineándose con las normativas del Ministerio de Desarrollo Social, el INDH y la Defensoría de la Niñez.
Crimen organizado
Para prevenir que las propiedades sean nuevamente ocupadas, maquinaria pesada ya está trabajando en la inhabilitación inmediata de las casas, retirando estructuras, puertas y ventanas. Posteriormente, se procederá al cierre perimetral y a la remoción de techos de asbesto, cuyo material contaminante será trasladado a un depósito especializado en Antofagasta.
Este operativo también marca un hito importante en la seguridad pública, ya que la Fiscalía Regional logró desarticular completamente las bandas de crimen organizado que operaban en este asentamiento, como Los Gallegos, el Tren de Aragua y el Tren del Coro, recuperando terrenos pertenecientes al Serviu para el futuro desarrollo de la ciudad.
El operativo es supervisado en terreno por autoridades clave, incluyendo al Seremi del Minvu, el Seremi de Seguridad Pública y la Fiscal Paulina Brito. La masiva coordinación interinstitucional para asegurar el orden público y brindar apoyo psicosocial involucra a 198 funcionarios de Carabineros, 104 efectivos de la PDI, 30 del Ministerio de Desarrollo Social y 15 del Serviu.
Población extranjera y ciudadanos chilenos
El catastro oficial indica que un 76% de los ocupantes corresponde a población extranjera y un 24% a ciudadanos nacionales, siendo el 35% niños, niñas y adolescentes, y el 5% adultos mayores o personas con movilidad reducida. Tras una resolución de la Corte Suprema, el Serviu tuvo que desembolsar la suma de 2.800 millones de pesos únicamente para cubrir el consumo de agua del campamento irregular.
El plan de recuperación contempla mantener la seguridad en la zona mediante rondas preventivas del Plan Cuadrante, PDI y Carabineros, extendiendo la fiscalización a otros sectores afectados por ocupaciones ilegales, como Cerro Chuño y el borde costero, con el objetivo de erradicar definitivamente estas prácticas en la región.
