El Consejo Regional de Arica y Parinacota, bajo la presidencia del gobernador Diego Paco, ha aprobado por mayoría un total de 3.292 millones de pesos para iniciar la primera fase del programa de erradicación de Cerro Chuño, impulsado por el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En una sesión extraordinaria que se prolongó por más de cuatro horas, el Consejo Regional dio luz verde a la iniciativa denominada «Saneamiento Programa Demolición Cerro Chuño Etapa I». Con una votación de nueve votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, se aseguró la asignación de estos recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Este paso es esencial para abordar un problema histórico que ha afectado a la región durante más de tres décadas. El plan contempla la demolición de estructuras, la apertura y operación de un depósito en la Quebrada Encantada para el aislamiento de materiales contaminados con polimetales, así como el traslado seguro de residuos.
El gobernador Diego Paco destacó la relevancia de esta decisión para la seguridad y el futuro de la zona. “Este proyecto busca acelerar la demolición de Cerro Chuño porque entendemos que la seguridad de nuestra región no puede seguir esperando. Hoy existen restricciones presupuestarias a nivel nacional, y teníamos dos opciones: quedarnos de brazos cruzados o buscar soluciones. Nosotros elegimos actuar”, afirmó.
En esta primera fase, se prevé la demolición de las fundaciones de viviendas en cinco manzanas de Cerro Chuño, abarcando un total de 220 moradas. El plan completo contempla cuatro etapas, con un costo total estimado de 10.000 millones de pesos, siendo el Ejecutivo responsable de asignar los recursos restantes a través de fondos sectoriales.
Paco subrayó que la asignación de estos recursos responde a una demanda histórica de la comunidad ariqueña, que ha clamado por la erradicación de Cerro Chuño durante décadas. “Con esta aprobación, empezamos a cerrar una herida por la que Arica ha sangrado demasiado. Vamos a seguir avanzando hasta recuperar completamente una región que merece vivir en paz y libertad”, concluyó.
El delegado presidencial, Cristian Sayes, también destacó el acompañamiento de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y la Contraloría, con el objetivo de asegurar una gestión adecuada y libre de errores. “No solo estamos haciendo esto por un compromiso, sino también para salvaguardar la vida de las personas que actualmente están viviendo allí”, enfatizó.
Se estima que alrededor de 700 personas serán desalojadas en esta primera fase, de las cuales el 74 por ciento son extranjeros. La Delegación Presidencial confirmó que, tras la obtención de los recursos, el Ejecutivo procederá a la ejecución inmediata del plan de erradicación, que incluye la expulsión administrativa de 141 ciudadanos extranjeros en esta fase inicial.
