Por Mara Sedini Viancos, Ministra Secretaria General de Gobierno
Chile ha enfrentado más de una década de estancamiento económico. La región de Arica y Parinacota, a pesar de un crecimiento promedio del PIB del 3,3% entre 2013 y 2025, no ha podido escapar a esta tendencia de debilitamiento. Esta cifra, que podría parecer aceptable a simple vista, se torna insuficiente al considerar la realidad: la inversión se ha enfriado, los proyectos se estancan y miles de familias ven cómo las oportunidades se vuelven más esquivas. Una región fronteriza que debería liderar el desarrollo en el norte, dada su condición y vocación productiva, requiere de una economía activa, empresas que inviertan y empleos sostenibles en el tiempo. Esta es, sin duda, la deuda que arrastramos.
Un dato que ilustra lo que está en juego es que actualmente, siete proyectos de inversión se encuentran detenidos en evaluación ambiental en la región, acumulando un promedio de 686 días en dicho proceso. Detrás de esta burocracia se esconden 99 millones de dólares paralizados y hasta 912 empleos que no se están creando. Este exceso de trámites está costando empleo, inversión y futuro.
Es desde esta realidad que el Gobierno ha presentado el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, un conjunto de medidas orientadas a que las regiones retomen su autonomía: simplificación de permisos para desbloquear la inversión, reducción del impuesto corporativo para fomentar el crecimiento de las empresas y un crédito tributario al empleo formal que beneficiará directamente a más de 25.000 trabajadores de Arica.
Quienes critican este proyecto argumentan que está diseñado para beneficiar a unos pocos. Esta perspectiva ignora un principio fundamental de la economía: cuando se penaliza a quienes invierten, los que pierden sus empleos no son los dueños de las empresas, sino los trabajadores. Cuando se ahoga a las pymes con altos tributos y trámites complicados, quienes cierran no son las grandes corporaciones, sino los pequeños negocios y emprendimientos que generan empleo en cada barrio. En Arica y Parinacota, la reducción del Impuesto de Primera Categoría beneficiará a cerca de 3.600 empresas ProPyme, respaldando a casi 14.800 trabajadores que dependen de ellas para sustentar a sus familias.
La informalidad laboral es otro desafío apremiante. En la región, 38.000 personas trabajan sin contrato, sin previsión ni la protección mínima garantizada en cualquier país desarrollado. Reducir esta cifra no se logra con discursos, sino facilitando que la contratación formal sea viable para las empresas y atractiva para los trabajadores. Precisamente eso busca el crédito laboral del proyecto.
Además, hay que considerar dos realidades sensibles. Primero, la vivienda: enfrentamos un déficit habitacional de más de 12.000 unidades y cerca de 4.700 hogares allegados, cifras que reflejan a familias enteras esperando un techo propio. Para abordar esta situación, la exención del IVA a la venta de viviendas nuevas permitirá desbloquear el stock disponible y abrir camino a nuevos proyectos habitacionales. En segundo lugar, los adultos mayores: aproximadamente 1.900 ariqueños dejarán de pagar contribuciones por su primera vivienda. Para muchos de ellos, vivir de una pensión y lidiar con ese gasto era una decisión dolorosa entre comer, comprar medicamentos o pagar al Estado por la casa que ya es suya.
Algunos prefieren quedarse con la caricatura de que este proyecto solo beneficia a unos pocos. La economía no avanza con eslóganes; avanza con inversión, empleo y reglas claras. Mientras unos se obsesionan con el 1%, nosotros estamos legislando para el 100% de los ariqueños: para quienes madrugan para abrir su negocio, para quienes buscan su primer empleo, para quienes sueñan con una casa propia y para quienes anhelan una vejez tranquila. Por eso, trabajamos por una Arica próspera.
