El Juzgado de Garantía de Arica ha impuesto medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual a los imputados señalados por el Ministerio Público como responsables del delito consumado de asociación ilícita. Algunos de estos individuos también enfrentan cargos por cohecho, violación de secreto y soborno, delitos que habrían sido perpetrados desde el año 2021 en la ciudad.
Durante una extensa audiencia de formalización que se prolongó por más de 12 horas y concluyó en la madrugada, la magistrada Ana Paula Sepúlveda Burgos estableció un plazo de 120 días para la investigación correspondiente.
De acuerdo con el ente persecutor, un grupo de funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota se habría organizado para aprovechar sus posiciones como servidores públicos y recibir sobornos de particulares a cambio de acelerar trámites, proporcionar información interna antes de la notificación oficial, y manipular procesos en beneficio de estos particulares.
Desde el año 2021, los imputados, junto a consultores particulares, se concertaron para actuar de manera organizada, cada uno desempeñando funciones específicas y con roles claramente definidos, con el objetivo de obtener sistemáticamente pagos ilícitos de usuarios que necesitaban realizar trámites relacionados con bienes fiscales.
Para alcanzar estos objetivos, según lo expuesto por el Ministerio Público, la organización contaba con una jerarquía compuesta por líderes, recaudadores de dinero, intermediarios y personas externas que facilitaban los medios para recibir los pagos. La Fiscalía detalla que la estructura incluía cuatro líderes, un grupo de funcionarios que actuaban como los ejecutores de la organización, así como otros encargados de captar nuevos usuarios.
