Por décima vez, la Cámara Alta ha aprobado el oficio presidencial que extiende la vigencia de la medida que encomienda a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública la protección de áreas en las zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, por un periodo adicional de 90 días.
El senador José Miguel Pilo Durana, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que esta prórroga se remonta a más de dos años, lo que ha implicado un significativo esfuerzo logístico, humano y financiero por parte del Estado.
No obstante, subrayó la importancia de evaluar la efectividad y los efectos concretos de esta medida en el control fronterizo, dado que los ingresos clandestinos de migrantes continúan sin control. Desde 2022 hasta febrero de 2025, se han registrado 131.681 entradas irregulares, cifra que se aproxima al doble de los registros entre 2018 y 2021.
“Lo más preocupante es que gran parte de este periodo ha transcurrido bajo la vigencia del decreto aprobado en la tarde del martes en la Sala del Senado”, advirtió Durana.
El legislador también mencionó que la Policía de Investigaciones (PDI) mantiene una base de datos con más de 83 mil migrantes registrados mediante control biométrico, aunque esto no garantiza que se trate de su verdadera identidad. Una situación similar se ha evidenciado con Gendarmería, especialmente tras la insólita liberación de un sicario vinculado al crimen organizado.
CRIMEN ORGANIZADO Y AUMENTO DE CONTRABANDO
Durana resaltó que solo en 2024 se han incautado más de un millón 300 mil huevos ingresados ilegalmente, y en los primeros cinco meses de este año, la cifra ya supera el millón. Esto representa no solo una amenaza sanitaria, sino también un grave daño a la producción nacional y a la seguridad alimentaria.
“La situación es similar con el ingreso irregular de especies vegetales y animales, que han propagado plagas desde nuestra frontera hacia todo el país. La Región de Arica y Parinacota se ha convertido en una zona de castigo, afectando severamente al sector agrícola y al ecosistema”, agregó el senador.
Asimismo, mencionó el robo de vehículos en el norte, que son trasladados con total impunidad hacia Bolivia y Perú, asegurando que es un negocio ilícito que opera a través de pasos clandestinos, donde las organizaciones no encuentran obstáculos reales en nuestras fronteras.
“Estos hechos ocurren a pesar de la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, lo que nos lleva a la necesidad de revisar y reforzar sus atribuciones, facultades y recursos, y no seguir tolerando una medida que, en la práctica, no está logrando los resultados esperados”, concluyó Pilo Durana.
