Las primeras tres jornadas de audiencias en el juicio Rol D-31-2024, que enfrenta al Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra la empresa Quiborax S.A., se llevaron a cabo en el Primer Tribunal Ambiental. Este proceso se centra en el presunto daño ambiental causado al Salar de Surire, ubicado en la comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota.
Ministros escuchan a expertos y testigos
Durante las audiencias, se escucharon las declaraciones de 14 testigos, entre ellos expertos como la Dra. Cristina Dorador, el Dr. Manuel Contreras y el Dr. Jorge Bermúdez. La doctora Dorador explicó el funcionamiento ecológico del salar, subrayando la importancia de las dinámicas hidrogeoquímicas y la necesidad de preservar los tapetes microbianos, sugiriendo que se incorporen variables microbiológicas para optimizar el monitoreo ambiental.
Funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), como César Pizarro, Sandro Maldonado y José Urrutia, también testificaron sobre la relevancia ecológica del Salar de Surire, su hábitat para especies como suris, guanacos y flamencos, y los impactos negativos observados desde el año 2000 debido a las actividades mineras.
El ex contralor Jorge Bermúdez argumentó que la acción de reparación de daño ambiental podría estar prescrita, sugiriendo que ya ha sido resuelta en juicios anteriores. Por su parte, Manuel Contreras enfatizó que, aunque las actividades humanas pueden ser compatibles con el uso responsable de humedales, es crucial mantener las características ecológicas del Salar.
Argumentos del CDE y Quiborax
El CDE sostiene que el daño ambiental se origina en las actividades mineras de Quiborax desde 1987 y que la empresa ha omitido sus obligaciones de cuidado ambiental. Por ello, solicita medidas para compensar los impactos, incluyendo estudios de restauración ecológica y la implementación de prácticas sostenibles.
Quiborax, en contraposición, argumenta que ha cumplido con todas las normativas y posee los permisos necesarios, afirmando que la demanda del CDE es infundada y se basa en una confusión entre impacto y daño ambiental. La empresa también sostiene que existe cosa juzgada respecto a este asunto.
Medidas cautelares y próximos pasos
El tribunal dictó medidas cautelares que incluyen la paralización total de las operaciones de Quiborax en el Salar de Surire, con excepciones para actividades específicas de nivelación y retiro de material. La audiencia se reanudará el 24 y 25 de marzo, donde se espera la declaración de otros 9 testigos, después de lo cual los ministros evaluarán si se requieren diligencias adicionales o si están listos para dictar sentencia.
