Durante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Ignacio Videla, presidente provincial de Arica y líder de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), denunció la alarmante situación que enfrentan las cárceles en Arica y en todo el país, destacando la falta de condiciones adecuadas para que los funcionarios realicen su labor de manera profesional.
Videla precisó que muchos funcionarios llevan hasta 20 años en el mismo grado, carecen de uniformes y de la logística necesaria, y enfrentan una sobrecarga laboral considerable. La planta de personal, que cuenta con alrededor de 20 mil funcionarios, debe atender a una población penal que supera los 60 mil internos, lo que genera un desbalance crítico en el sistema.
“Estamos en alerta como gendarmes, ya que no existen las condiciones mínimas para ejecutar nuestro trabajo. No contamos ni con vehículos para los traslados que exigen los tribunales, y los chalecos de seguridad, tanto balísticos como anti-puñal, están caducados, al igual que la munición”, advirtió Videla.
En la región de Arica y Parinacota, la Oficina Interna de Seguridad (OSI) ha recabado información que revela la existencia de 290 reos en la cárcel de Acha, pertenecientes a 131 bandas de crimen organizado, como “Los Gallegos” y el “Clan del Golfo”, entre otras, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de los funcionarios.
El dirigente también mencionó que varios funcionarios han sido agredidos y algunos han recibido amenazas de muerte. “En Arica hemos tenido múltiples episodios de violencia, y actualmente cuatro de nuestros compañeros están amenazados, lo que es insostenible”, declaró.
A pesar de las promesas gubernamentales sobre mejoras estructurales en las cárceles, Videla afirmó que la realidad es muy diferente. “El gobierno dijo que la implementación de módulos de máxima seguridad traería una inyección de recursos, pero eso no se ha materializado. Muchos de nosotros compramos nuestros propios uniformes y herramientas, ya que el servicio no proporciona los recursos necesarios”, agregó.
Además, los profesionales de Gendarmería que deben elaborar informes para los tribunales carecen de materiales básicos como papel y tinta, y utilizan equipos obsoletos de más de 30 años. Esta situación es ampliamente conocida por las autoridades, quienes han sido criticadas por “maquillar” la problemática real que enfrenta el sistema.
En cuanto a la higiene, Videla destacó que en Arica no hay agua en los servicios higiénicos para los funcionarios, lo que dificulta aún más la atracción de nuevos postulantes a Gendarmería, en un contexto donde las condiciones de salubridad son insuficientes.
MEDIDAS INSUFICIENTES
El dirigente también expresó su preocupación por las medidas temporales que han sido implementadas en los últimos años. “Los gobiernos han adoptado soluciones de parche que no abordan de manera integral la situación. Necesitamos una reforma estructural que garantice una carrera digna y condiciones laborales adecuadas”, enfatizó.
Videla resaltó que han estado en una mesa de negociación con el Ministerio de Justicia durante más de diez meses, pero han obtenido pocos resultados. “Estamos trabajando en condiciones extremas, con dos funcionarios a cargo de 400 a 600 internos, en módulos que deberían atender a 1600”, comentó.
“Aunque los funcionarios del gobierno consideren esta situación distante, es un problema que afecta a todos. Las condiciones en las cárceles reflejan lo que ocurre en la sociedad. Estamos comprometidos con la seguridad pública, pero merecemos condiciones dignas y un trato respetuoso”, agregó.
Tras la presentación de Videla, la Comisión de Seguridad acordó oficiar al Ministerio de Justicia y a Gendarmería para investigar el presupuesto destinado al personal y equipamiento en los últimos años, así como el avance en la carrera funcionaria. El senador José Miguel Durana, quien facilitó la exposición, lamentó la grave situación que enfrentan los funcionarios de Gendarmería, quienes reclaman por una carrera digna y un trato justo en su labor esencial para la seguridad del país.
