En una reciente entrevista en Radio Cappissima, profesionales del Servicio de Protección Especializada (SPE) explicaron su nueva línea de acción.
Desde su creación en 2021, el SPE ha implementado cambios significativos en su estructura y enfoque, con el objetivo de mejorar la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Esta transformación ha permitido establecer nuevas líneas de acción, destacando el Diagnóstico Clínico Especializado (DCE), que ha atendido a más de 161 menores hasta la fecha.
Paola Novoa, directora del programa DCE de Cordefam, subrayó la relevancia de esta nueva estrategia: “Esta transformación marca una diferencia significativa respecto al antiguo sistema conocido como DAM. La expertiz de los profesionales se ha ampliado, lo que nos permite evaluar de manera más precisa el nivel de protección o desprotección de cada niño o niña. Esto se convierte en la puerta de entrada a otros programas de protección que ofrece el servicio”.
La intervención se realiza en casos derivados del Tribunal de Familia y, más recientemente, desde la Oficina Local de la Niñez (OLN) de la Ilustre Municipalidad de Arica. “En el caso de la OLN, trabajamos con situaciones no judicializadas, ayudando a determinar si un caso debería o no pasar al ámbito judicial”, añadió la directora del DCE.
Una de las transformaciones más relevantes del nuevo modelo es la activa participación de las familias. Según Novoa, el objetivo es “reparar y resignificar las experiencias de los niños y sus familias, y proporcionarles herramientas a los adultos responsables para mejorar sus competencias parentales”.
Llamado a denunciar situaciones de vulneración
Asimismo, Novoa y Paola Arellano, jefa (s) de Servicios y Prestaciones, hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier acción que vulnere los derechos de niños y niñas, como el trabajo infantil o el maltrato físico y psicológico. “La prevención y la intervención temprana son fundamentales para garantizar infancias sanas y evitar situaciones más graves de vulneración”, manifestaron las profesionales.
En la región de Arica, más de 2.073 niños y adolescentes han sido víctimas de algún tipo de vulneración. Paola Arellano enfatizó la importancia de que el servicio continúe capacitando a las familias, asegurando que “el ingreso de niños, niñas o adolescentes a un sistema de cuidado alternativo como último recurso, no exime a la familia de su responsabilidad. Nosotros seguimos trabajando en dicha instancia en habilitar a la familia, reparando y resignificando aquello que generó el ingreso de un niño o niña a programas o cuidado residencial, haciendo un trabajo mancomunado junto al intersector”.
