En el marco de las recientes conversaciones entre las cancillerías de Chile y Bolivia para establecer estrategias de cooperación frente a la crisis en Venezuela, el senador por Arica y Parinacota, José Miguel Durana (UDI), manifestó su descontento ante la insistencia de Bolivia en revertir el uso del oleoducto Santa Cruz-Sica Sica-Arica.
“La nación vecina tiene una necesidad comercial de importar combustibles y, por ello, plantea este tema en la agenda de trabajo binacional. Sin embargo, no veo a nuestro país exigiendo la reciprocidad necesaria, ni resaltando la relevancia económica y logística de reactivar el Ferrocarril de Arica a La Paz para potenciar el transporte de cargas hacia y desde el puerto de Arica”, subrayó el legislador.
El parlamentario sostuvo que “si el gobierno de Luis Arce requiere el transporte de gasolina y diésel mediante el oleoducto, este asunto demanda la participación de la ciudadanía regional, dado que se trata de una infraestructura que atraviesa Arica. Las decisiones de Estado no pueden tomarse sin considerar a la comunidad, en reuniones entre élites, sin una adecuada comunicación local, especialmente cuando la postura del gobierno boliviano ha sido poco colaborativa en temas migratorios relacionados con quienes ingresan ilegalmente a Chile a través de su territorio”, enfatizó Durana.
Asimismo, el congresista destacó la necesidad de que cualquier iniciativa se ajuste a la normativa ambiental vigente, sometiéndose al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), dado que esta infraestructura data de 1957 y a lo largo de los años se han promulgado nuevas leyes destinadas a proteger el medio ambiente. “Nuestra ciudad arrastra una larga y dolorosa historia de contaminación; por lo tanto, es imprescindible revisar la infraestructura actual, aun cuando Bolivia cuente con la concesión marítima del oleoducto, ya que es Arica la que sostiene este acuerdo bilateral del que no obtenemos beneficios, al contrario”, aseveró el senador.
Durana también resaltó que, dentro del Plan Regulador de Arica, se contempla un cambio en el uso de suelo de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ubicados en la intersección de las avenidas Diego Portales y Alejandro Azolas, para destinar las 3,5 hectáreas en cuestión a la construcción de viviendas, parques, plazas y servicios comunitarios.
“¿Por qué la Cancillería chilena no aprovecha la oportunidad de exigir la recuperación de ese espacio a Bolivia, si se trata de una decisión esencial a nivel local? Arica es una ciudad clave para Chile, y todas las decisiones que se tomen con Bolivia nos impactan directamente como región, por lo que solicito que seamos incluidos en estas negociaciones”, concluyó Durana.
