Durante más de dos horas, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, acompañados por representantes del Ejército y la Armada, realizaron un recorrido por los puntos estratégicos del sector costero del Límite Político Internacional con Perú, específicamente en la zona de Chacalluta. El objetivo fue evaluar las operaciones de los militares desplegados en la frontera en el marco del proyecto de Infraestructura Crítica.
El presidente de la Comisión, senador Iván Flores, expresó que fue enriquecedor conocer las instalaciones y el equipamiento de las fuerzas armadas chilenas que custodian el ingreso al país. “Observamos que Chile cuenta con los recursos necesarios para prevenir la entrada irregular de personas, lo que contribuye al éxito de las labores de resguardo”, comentó.
El senador José Miguel Durana, quien también forma parte de la Comisión, subrayó la importancia de escuchar las inquietudes de la comunidad organizada y de ver en terreno las acciones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas y las policías en los puestos de observación fronteriza.
En relación con el reciente informe del Servicio Nacional de Migraciones, que reveló una disminución del 39% en el ingreso irregular de personas por pasos no habilitados en comparación con 2023, Durana lamentó que a nivel nacional solo se hayan registrado 365 expulsiones administrativas y 303 expulsiones judiciales.
Asimismo, hizo hincapié en el aumento de la participación de extranjeros en delitos violentos, como homicidios, según el último informe de la Fiscalía. “Desafortunadamente, tanto las víctimas como los victimarios son frecuentemente de nacionalidad extranjera, lo que pone de manifiesto el crecimiento del crimen organizado que es urgente combatir”, afirmó Durana.
El senador concluyó señalando que las bajas cifras de expulsiones se deben a varios factores, incluyendo modificaciones a la Ley N.º 18.216 y las dificultades surgidas por el cierre de la representación diplomática de Venezuela en Chile. Sin embargo, enfatizó la necesidad de una mayor voluntad política por parte del gobierno para abordar este tema y establecer un manejo integral de los ingresos ilegales al país.
