Demandan mayor seguridad en Parque Industrial Agtima, calificado como un ‘pueblo sin ley’

La Asociación Gremial De Trabajadores Industria Menor de Arica (Agtima), ubicada en Cerro Chuño, junto a los residentes de la zona, han alzado su voz durante años para alertar a las autoridades sobre el abandono total de sus negocios, viviendas, calles y avenidas. Esta situación ha llevado a que el sector sea considerado un “pueblo sin ley”.

Fernando Aguirre Tapia, dueño de un taller de vulcanización mecánica y pintura en el sitio 24 de la manzana B, denuncia el aumento de la delincuencia en el área, lo que ha hecho que los clientes eviten visitar el sector por miedo a ser asaltados, afectando también a los trabajadores.

Aguirre también señala que los delincuentes bloquean las calles, impidiendo el acceso a sus locales comerciales y que, a pesar de pagar por el servicio de recolección de basura, los camiones no acuden, lo que genera problemas sanitarios en la comunidad. “Estamos convertidos en un pueblo sin ley”, asegura.

“Es urgente que las autoridades escuchen nuestra situación y dejen de ignorarnos, somos muchos los afectados. Carabineros nos ha informado que tampoco pueden actuar debido a la cercanía con tomas ilegales, lo que también provoca cortes de luz, agua, robos de cables y contaminación por la quema de basura”, enfatiza Aguirre.

Otro de los problemas que enfrenta el sector es el aumento desmedido de los arriendos por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. “Nos están asfixiando con cobros abusivos que se incrementaron de un día para otro”. Por ejemplo, un usuario del Parque Agtima pasó de pagar $54.088 en 2017 a $409.341 en 2023, lo que representa un aumento del 800%, perjudicando aún más el desarrollo de sus negocios.

A.A, un microempresario que prefiere no revelar su nombre por temor, tiene un taller de trabajo en madera desde hace 12 años. Asegura que sus diez trabajadores han sido asaltados, al igual que varios clientes y proveedores que visitan el lugar. “Estamos desesperados, ya nadie quiere venir por la delincuencia, nos apedrean los vehículos y hacen hogueras con la basura porque el camión recolector no pasa”, relata.

El empresario añade que “este sector es tierra de nadie”, donde la delincuencia opera a plena luz del día, incluso matando a los perros cuidadores y dañando los insumos en medio de la jornada laboral. Además, ha sufrido un aumento en su canon de arriendo, pasando de 47 mil a 350 mil pesos mensuales en un año. “Estamos desmoralizados y nadie hace nada, nuestros ingresos disminuyen día a día”.

El senador José Miguel Durana (UDI) visitó el lugar tras la solicitud de los afectados y de la consejera regional Margot Ríos Mamani. Lamentó que microempresarios y emprendedores, quienes generan empleo, se encuentren en una situación de completa indefensión frente al crimen organizado de Cerro Chuño y sus alrededores.

“A los delitos violentos que los tienen colapsados se suma el aumento indiscriminado en los arriendos, lo que afecta gravemente su calidad de vida. Vamos a hacer todo lo posible para que la Municipalidad de Arica, la Delegación Presidencial Regional y el gobierno actúen en favor de este sector olvidado”, concluyó Durana.