Libertad para Imputada por Ingreso de Hoja de Coca en Chile: Defensa Destaca Prácticas Culturales Aymaras
La Defensoría Regional argumentó en el Juzgado de Garantía y ante el Tribunal de Alzada que la acción no era punible, dado su arraigo en prácticas culturales aymaras, y por lo tanto, no debía ser considerada como una actividad ilícita.
La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, mediante una resolución unánime, confirmó el fallo del Tribunal de Garantía de Arica que rechazó la medida cautelar de prisión preventiva para una mujer boliviana, formalizada por el Ministerio Público por su supuesta responsabilidad en un delito de tráfico de drogas según la Ley N°20.000. Esta mujer fue sorprendida intentando ingresar a Chile con casi 100 kilos de hojas de coca, destinadas a su comercialización durante el carnaval que se celebrará en la ciudad, en cumplimiento de prácticas culturales y ceremoniales aymaras relacionadas con el calendario agroecológico.
La defensa de la imputada, liderada por Cristian Martin Castro, abogado y jefe de estudio de la Defensoría de Arica y Parinacota, logró establecer con éxito, tanto en el Juzgado de Garantía como ante el Tribunal de Alzada, que el acto no era punible debido a su conexión con prácticas culturales aymaras.
El profesional de la Defensoría Regional destacó que la institución analizó el caso desde una doble perspectiva, sintiendo satisfacción por el hecho de que tanto el Tribunal de Garantía como la Corte de Apelaciones de Arica consideraron pertinentes las alegaciones defensivas. Estas alegaciones indicaban que la prisión preventiva no era la medida adecuada para una mujer aymara de nacionalidad boliviana, considerando la costumbre de un pueblo originario y abordando aspectos interseccionales relevantes, como el hecho de que la imputada es indígena, mujer y migrante.
No obstante, también expresó preocupación por la persecución penal ejercida por el Ministerio Público, que podría representar un retroceso en el respeto y promoción de las costumbres ancestrales de los pueblos originarios. Esta persecución carece de una perspectiva que entienda y respete las prácticas culturales de las comunidades indígenas. “Creemos que se trata de una mirada simplista, que no comprende la cosmovisión del pueblo aymara, lo que lleva a la criminalización de prácticas ancestrales”, afirmó el abogado defensor.
Se espera que en las próximas etapas del proceso judicial se clarifiquen y consoliden los argumentos presentados. “Como Defensoría Penal Pública, reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la protección de los derechos culturales, abogando por un enfoque más comprensivo en casos que involucran la diversidad cultural de nuestra sociedad”, concluyó.
