En un eventual rediseño, una de las principales tareas que debiera asumir el Ministerio de Educación junto a otros organismos colaboradores, tendría que ver con generar una nómina oficial de beneficiarios/as efectivos y potenciales, identificando con claridad y de manera individualizada los montos del beneficio utilizados y disponibles, además de contar con un registro que permita conocer qué casas de estudio han utilizado estos fondos públicos, cuánto es el monto y cuánto es lo que deben reponer al Estado por cada beneficiario/a que no hizo uso de la beca, estableciendo mecanismos efectivos de reposición de estos fondos públicos.
