El diagnóstico es repetido: los instrumentos diseñados para evaluar el desempeño de las instituciones, funcionarios y directivos no son eficaces y se han transformado en un mero elemento más de la remuneración; cerca de dos tercios de los funcionarios del gobierno central son a contrata, lo que significa que la regla general de acceso al Estado es la discreción del directivo; las jefaturas dependen altamente del gobierno de turno, por lo que esta asignación de puestos sin filtros meritocráticos eleva el riesgo de amiguismo y patronazgo; los gobiernos locales abusan de la contratación de honorarios y existe una evidente falta de transparencia de las corporaciones municipales.
