Una vez que se apruebe por ambas cámaras el reglamento que definirá el funcionamiento del consejo constitucional, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile deberán coordinar un procedimiento que adecuándose a lo ya regulado, permita canalizar las preocupaciones ciudadanas. En ese marco todas las universidades acreditadas deberíamos disponernos activamente para facilitar nuestras infraestructuras, capacidades operativas y humanas, para lograr la más avanzada y profunda participación que se pueda alcanzar en el acotado calendario que tendrá este nuevo proceso constituyente.
