Explorando en el balance de estos resultados, aparece una brecha crucial en materia de las políticas de Estado –y no solo de este gobierno– en materia ambiental: si bien nuestra estructura formal, compuesta por leyes, planes y tratados, es reconocida a nivel internacional, no es percibida del mismo modo a nivel de ciudadanía. Es decir, los gobiernos aparecen en deuda con el tramo final de sus políticas ambientales: su aplicación.