El gobierno se enfrenta a un dilema político que excede la mera gestión de sus integrantes: la aguda fragmentación que exhibe el sistema político, con un Congreso en el que no solo es minoría (producto del magro desempeño en primera vuelta), sino en el que también predomina una dinámica personalista e identitaria entre sus integrantes, la misma de la que se acusó en su momento a la Convención Constitucional. A esto se suma el control creciente que sobre la derecha han asumido los grupos más radicales, dedicados a la abierta obstrucción de cualquier proyecto de reforma sustantivo, en detrimento de aquellas fuerzas de derecha que protagonizaron los acuerdos en tiempos de la política de la transición.
