Existe la necesidad y el espacio para continuar reduciendo nuestro gasto de Defensa, sin poner en peligro nuestra seguridad externa. Para ello, deberíamos iniciar su reducción programada, con el objeto de que al año cuarto estemos en condiciones de reasignar a gasto social alrededor de un 15% del gasto en dicha área, principalmente a través de un programa de disminución, sustitución y reinserción laboral del personal profesional actual y de menores aportes al Fondo de Capacidades Estratégicas de la Defensa.