Existen argumentos de sobra y con suficiente peso para iniciar un proceso de discusión y deliberación para generar una institucionalidad de seguridad nacional. La Ley de Inteligencia lleva años durmiendo en el Congreso por falta de voluntad política. Es cierto que para mejorar no se necesita de nuevas leyes sino de gestión de calidad y aprovechar los espacios no utilizados que la actual ley permite, pero junto con una gestión de calidad se necesita revisar, rediseñar y construir una institucionalidad de seguridad nacional para Chile en el siglo XXI. Sin ella, estaremos expuestos a dar palos de ciego, sin orientación ni dirección, en materias que representan una preocupación preponderante, prioritaria y urgente de nuestros conciudadanos.