Hace 10 meses Catalina (22) se suicidó después de someterse a un aborto y tras meses de sufrir violencia física, psicológica y sexual por parte de su pareja. Si bien la familia se querelló contra el agresor y hay una investigación en curso, el caso carece de una tipificación legal específica, hasta ahora. Hechos como este, están contemplados en la denominada «Ley Antonia», ad portas de ser promulgada, al introducir como delito la inducción al suicidio y el suicidio femicida. Y si bien viene a cubrir un vacío en la legislación chilena, en la práctica es muy compleja su aplicación. «Desde un punto de vista penal significa un problema, porque hacer esa conexión (suicidio con caso previo de violencia de género) va a ser difícil en términos proactivos”, comenta para El Mostrador Braga la abogada Natalia Morales. En Latinoamérica solo en El Salvador existe una ley similar y a pesar de que la ley rige hace diez años es “letra muerta” para lograr condenas efectivas.