La denuncia la hizo el diputado del PDG Roberto Arroyo, quien sostuvo que los municipios de Estación Central, Valparaíso, Arica, Concepción, Talcahuano, Recoleta, Santiago, La Pintana, Ñuñoa y Puerto Natales, más el gobierno regional magallánico, «cometieron un acto ilegal, porque sobrepasaron sus atribuciones, que son exclusivas del Presidente y del Ministerio de Relaciones Exteriores». Ahora, dijo, «deberán retrotraer lo que obraron». El parlamentario precisó que no está en contra de la inmigración «sino de la inmigración ilegal con carácter de refugiado». El ente contralor les dio a las entidades aludidas un plazo de 60 días para deshacer los acuerdos firmados en enero pasado.
