La Asociación Nacional de Fiscales ha expresado su preocupación al jefe del Ministerio Público sobre el oficio que los instruye a solicitar la prisión preventiva de imputados extranjeros indocumentados. Cuestionan su implementación en regiones y solicitan una evaluación de la suspensión de la instrucción hasta garantizar la presencia de funcionarios del Registro Civil e Identificación en los Tribunales de Garantía y precisar el alcance del mandato en cuanto a ciertos casos como la detención de adultos mayores, embarazadas o personas con discapacidad. Además, advierten que «directrices rígidas» han llevado a la afectación de la imagen de la institución en términos públicos en el pasado.
