El movimiento de los derechos humanos ya lo solicitaba al señalar que “planteamos la existencia de la Defensoría de los Pueblos con rango constitucional, destinada a promover, proteger los derechos humanos y prevenir su trasgresión, que garantice que todas las personas tengan una debida defensa frente a las afectaciones a sus derechos. Dicho organismo debe dar alcance a la amplitud de los DD.HH. y estar dotadas de atribuciones que permitan efectivamente monitorear y perseguir judicialmente, así como contar con los recursos monetarios financieros, materiales y humanos para el cumplimiento de sus objetivos y funciones”.
